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El Poder Ejecutivo, con el Decreto 171/2026, relanza el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, dando más tiempo a provincias y CABA para saldar cuentas con la Nación. ¿Una nueva tregua fiscal o una oportunidad real?
En una movida que redefine el tablero fiscal entre la Nación y las provincias, el Poder Ejecutivo Nacional ha publicado el Decreto 171/2026, modificando aspectos cruciales del ya existente Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (creado por Decreto N° 969/24). La medida, firmada por el Presidente y los ministros de Economía y Jefe de Gabinete, busca dar aire y una segunda oportunidad a las jurisdicciones para sanear sus cuentas públicas.
La principal novedad es la extensión de plazos. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aún no se hayan adherido al régimen tendrán SESENTA (60) días hábiles administrativos adicionales para manifestar su voluntad de participar. Pero la jugada más fuerte está en la documentación: el plazo para presentar los papeles que respalden la legitimidad de las obligaciones se extiende ¡hasta el 31 de diciembre de 2027! Esto es un cambio radical respecto a la resolución previa que solo daba 365 días a partir de marzo de 2025.
Este alargamiento de los plazos es una clara señal de pragmatismo por parte del gobierno nacional. Reconoce que el proceso de consolidación de deudas es complejo y que muchas jurisdicciones necesitan más tiempo para reunir y validar la información. Además, el decreto aclara que la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se circunscribirá solo a los casos donde las obligaciones estén en litigio judicial o arbitral y el Estado Nacional reconozca un derecho o crédito controvertido. Esto agilizaría el proceso para la mayoría de los casos.
Para las provincias, es una oportunidad de oro para negociar y compensar deudas y acreencias con el Estado Nacional, evitando litigios y fortaleciendo la salud financiera. Para el país, el objetivo final es un saneamiento de las cuentas públicas que, si bien se dilata en el tiempo, se busca que sea más exhaustivo y abarcador. La lealtad federal y la buena fe son los principios que, según el decreto, deben primar en estas negociaciones que ahora tienen un horizonte mucho más amplio.
