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El Gobierno ajusta las cuentas del Estado: el Senado recibe fondos extra, el Comité contra la Tortura refuerza su presupuesto con ayuda internacional y la Ciudad de Buenos Aires se lleva una tajada millonaria por un fallo de la Corte. ¿Quién paga la cuenta?
Una Decisión Administrativa sacudió las arcas del Estado al modificar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. Esta movida, lejos de ser un mero trámite, revela prioridades y presiones en la gestión de los fondos públicos.
El H. Senado de la Nación se beneficiará con créditos adicionales para afrontar su normal funcionamiento, una asignación que siempre genera debate sobre el gasto político. Pero la sorpresa no termina ahí: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también verá incrementados sus recursos, gracias a un convenio de subvención internacional (OPCAT-144-GLO/09/HC/07-B453) con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). Esto subraya la importancia de los organismos de control y derechos humanos, aunque con financiamiento externo.
El aspecto más candente de esta decisión es la compensación de créditos que afecta directamente al Ministerio de Economía. Se rebajan sus fondos para incrementar los de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro. ¿El motivo? Atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJN Nº 1864/2022). Esto significa que el Poder Ejecutivo se ve forzado a reasignar recursos por orden judicial, un claro signo de la tensión entre poderes y las implicancias fiscales de los fallos de la Corte. Los ciudadanos de a pie verán cómo sus impuestos se reorientan para cumplir con estas mandas, impactando indirectamente en la disponibilidad de fondos para otras áreas del gobierno nacional.
19 de agosto de 2025
9 de febrero de 2026

9 de diciembre de 2025