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En medio de la austeridad, el Ministerio de Defensa autoriza jugosas bonificaciones por desempeño a su personal, desatando la polémica. ¿Quiénes son los 'elegidos' y cuánto nos cuesta esta 'excelencia'?
El Ministerio de Defensa ha vuelto a ser el centro de atención con la aprobación de las Bonificaciones por Desempeño Destacado para el personal de planta permanente correspondiente al período 2023. Una medida que, aunque amparada en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP, no deja de generar ruido en tiempos de ajuste.
Dos resoluciones, la 199/2026 y la 207/2026, dan luz verde a estos incentivos. La primera destaca a la agente Margarita Susana TEVEZ (D.N.I. N° 17.606.401), de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, en Nivel C – Grado 13. La segunda, aún más masiva, aprueba el listado de agentes de la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA que también recibirán este plus.
Según la normativa, esta bonificación puede ser percibida por hasta el DIEZ POR CIENTO (10 %) del personal evaluado en cada jurisdicción o entidad descentralizada. Un porcentaje que, si bien es un tope, siempre genera interrogantes sobre la objetividad de las evaluaciones y la transparencia en la selección de los 'destacados'.
La aprobación de estas bonificaciones se basa en el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP, homologado por el Decreto N° 2098/08, y el Régimen aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 98/09. Las entidades sindicales, a través de sus veedores, han dado su conformidad, como consta en actas de veeduría gremial de fines de 2025 y principios de 2026.
El gasto, se asegura, será imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa para el Ejercicio 2026. Sin embargo, la asignación de estos fondos siempre invita a la reflexión sobre las prioridades del gasto público. ¿Es el momento de otorgar bonos por 'desempeño destacado' cuando la sociedad exige recortes y eficiencia?
"Mientras el país aprieta el cinturón, el Estado premia a sus propios 'campeones'. La pregunta es: ¿con qué criterios y a qué costo para el contribuyente?"
Para el ciudadano común, es fundamental estar atento a cómo se gestionan estos fondos y si realmente se traducen en una mejora tangible de los servicios públicos. La transparencia en estos procesos debería ser una bandera, no una excepción.
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