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La Gendarmería Nacional le da un ultimátum a la ex-Cabo Priscila Paigel por no presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales. ¡Podría terminar en la justicia federal y quedar inhabilitada de por vida para la función pública!
¡Un caso que sacude los cimientos de la transparencia en las fuerzas de seguridad! La Gendarmería Nacional Argentina ha notificado de manera contundente a la ex-Cabo Priscila Ayelén Edith PAIGEL (DNI: 38.084.698) sobre una falta grave que podría costarle muy caro: la omisión de presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.
Según el aviso oficial, la ex-Cabo Paigel no cumplió en tiempo y forma con la obligación de presentar sus declaraciones correspondientes a los períodos "ANUAL 2024" y "BAJA 2025". Más allá de la omisión, tampoco ha brindado justificaciones válidas para este descuido. Para cualquier funcionario público, y más aún en una fuerza como Gendarmería, la presentación de estas declaraciones es un pilar fundamental de la ética y la lucha contra la corrupción.
Las consecuencias no son menores y están claramente delineadas por la ley. La Gendarmería la intima a que, en un plazo de quince días, cumpla con su deber ante el área de personal más cercana a su residencia. Pero el apercibimiento es lo que realmente enciende las alarmas: de no hacerlo, las actuaciones serán remitidas a la Oficina Anticorrupción. Esto podría derivar en una denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que corresponda, lo que implica una causa penal. Y, como si fuera poco, la ex-Cabo podría quedar inhabilitada para ejercer nuevamente la función pública.
Este caso, si bien individual, resalta la importancia de la transparencia en la función pública. La ciudadanía tiene derecho a saber que quienes manejan recursos del Estado o ejercen autoridad lo hacen con probidad. La exigencia de las Declaraciones Juradas Patrimoniales es una herramienta clave para prevenir el enriquecimiento ilícito y fortalecer la confianza en las instituciones. Casos como el de la ex-Cabo Paigel demuestran que el Estado está dispuesto a perseguir el incumplimiento de estas obligaciones, sentando un precedente importante para todos los que integran la administración pública.
14 de enero de 2026
25 de noviembre de 2025
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