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La Secretaría General de la Presidencia de la Nación cede vehículos y otros bienes de rezago aduanero a Parques Nacionales, la Seguridad de Catamarca y el Gobierno del Chaco, reforzando recursos estatales con mercadería confiscada.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha movido ficha, asignando bienes que estaban incautados por la Aduana a distintas reparticiones estatales. Esta movida, amparada en la Ley Nº 25.603, busca darle un uso práctico y eficiente a mercaderías que, de otra forma, se oxidarían en depósitos fiscales. Se trata de una medida que, aunque administrativa, tiene un impacto directo en la capacidad operativa de los organismos beneficiados.
En un primer golpe de efecto, la Administración de Parques Nacionales (APN) recibió un paquete de vehículos "en buen estado": una camioneta KIA MOTORS SPORTAGE LX DAB 4X4 (año 2011), un automóvil NISSAN SENTRA ADVANCE CVT 1.8 (año 2017) y un CHEVROLET CRUZE 1.8 (año 2015). ¡Un verdadero refuerzo para los guardaparques que custodian nuestra biodiversidad!
Pero no fue lo único. La Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca también fue beneficiada con una cesión de bienes de rezago, provenientes de las Aduanas de Tinogasta y La Rioja. Estos recursos se destinarán, según lo informado, al "uso exclusivo de actividades institucionales indispensables para el cumplimiento de tareas operativas, preventivas y de seguridad pública". ¡Más herramientas para combatir la inseguridad en la provincia! Finalmente, la Gobernación de la Provincia del Chaco también recibió su parte, con bienes de la Aduana de Barranqueras para "el mejoramiento de la flota vehicular del Gobierno".
Es importante destacar que esta cesión no es un cheque en blanco. La Ley Nº 25.603 es tajante: los bienes no pueden ser comercializados por los beneficiarios durante CINCO (5) años a partir de su recepción. Además, los organismos receptores tienen un plazo de DIEZ (10) días para informar la fecha estimada de retiro y NOVENTA (90) días hábiles para remitir la conformidad de inventario. Si no lo hacen, la cesión se da por rechazada. Una forma de asegurar la transparencia y el uso adecuado de estos activos públicos. Esta acción demuestra un Estado que intenta reutilizar sus recursos, aunque sea a través de complejos procesos burocráticos.
