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La Ministra de Seguridad redobla la apuesta contra la corrupción en las fuerzas. Un nuevo sistema promete proteger a quienes denuncien a sus colegas, pero ¿será suficiente para limpiar la casa?
La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha desatado una verdadera bomba en las entrañas de las fuerzas de seguridad federales. Con la Resolución 831/2025, se ha creado el flamante Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos (SPADT). La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca fomentar la denuncia, investigación y sanción de irregularidades y delitos cometidos dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Este nuevo sistema, que deroga y reemplaza al anterior SIPRA (Sistema Integral de Protección Administrativa), tiene un objetivo claro: proteger al personal de las fuerzas que se atreva a denunciar hechos de corrupción o ilícitos internos. La idea es que nadie sufra represalias por hacer lo correcto. Se listan explícitamente los actos de represalia que el sistema busca evitar:
Sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido y es crucial: la protección física del denunciante no está incluida en este sistema. Esto abre un interrogante gigante sobre la efectividad real de la protección en un contexto donde las amenazas pueden ir más allá de lo administrativo. Además, no se admitirán denuncias anónimas, lo que podría disuadir a muchos por miedo a la exposición.
La Dirección Nacional de Integridad y Transparencia será la autoridad de aplicación, facultada para suspender medidas disciplinarias contra un denunciante y revisar situaciones de represalia previas a la denuncia. Se prohíbe taxativamente a cualquier autoridad de las fuerzas interrogar a un denunciante o testigo sobre lo declarado ante el Ministerio de Seguridad, garantizando una vía directa de comunicación.
Para los ciudadanos, esta medida es un rayo de esperanza en la lucha contra la corrupción policial, ya que una fuerza más transparente y eficiente beneficia a toda la sociedad. No obstante, el éxito dependerá de la valentía de los denunciantes y de la firmeza del Ministerio para hacer cumplir las protecciones. La ministra Bullrich ha dado un paso importante, pero la batalla por la transparencia interna recién comienza. Es fundamental que el personal de las fuerzas se informe y use este canal para sanear las instituciones desde adentro.
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