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El Gobierno traspasa al Ministerio de Defensa la administración y operación de las contrataciones para mantener la flota aérea presidencial, modificando el régimen de adquisiciones para agilizar procesos clave y asegurar la operatividad.
Una movida estratégica que reordena las prioridades y el manejo de recursos. El Decreto 592/2025 establece un giro drástico en la administración de la flota aérea presidencial: la responsabilidad de las contrataciones para su operatividad pasa de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Defensa. Esta decisión, que se venía gestando desde el Decreto N° 377/25, busca centralizar y optimizar la gestión de los valiosos aviones presidenciales.
El decreto modifica sustancialmente el Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 186/22, que ahora estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa. Esto implica cambios en todo el proceso de adquisición de bienes y servicios, desde la compulsa de precios hasta las adjudicaciones por urgencia o exclusividad, pasando por la rescisión de contratos y la aplicación de penalidades.
Entre los puntos clave, se detallan las etapas de los procedimientos de selección, permitiendo la adjudicación simple en casos de urgencia, licitaciones desiertas o fracasadas, o exclusividad de proveedores. Además, se establecen nuevas pautas para las notificaciones, garantías (equivalentes al 10% del valor total de la adjudicación) y multas por mora (0,05% diario), que en ningún caso podrán superar el 100% del valor del contrato.
El valor del módulo (M) para estas contrataciones se fijó en PESOS CUARENTA MIL ($40.000), con la facultad del Ministro de Defensa de modificarlo. Esta centralización en Defensa promete mayor agilidad y experticia en la logística aérea, pero también traslada una importante porción del presupuesto y la responsabilidad operativa a la cartera militar. Un paso audaz que redefine la gestión de los activos más sensibles del Estado.
