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El Gobierno rechaza recursos jerárquicos de tres diplomáticos que exigían el pago retroactivo de diferencias salariales por sus ascensos. La decisión sienta un precedente en la carrera del Servicio Exterior.
¡Escándalo en Cancillería! El Gobierno Nacional ha desatado una polémica al rechazar de plano los reclamos de tres diplomáticos de carrera que exigían el pago retroactivo de diferencias salariales por sus ascensos. Los decretos presidenciales 505/2025, 506/2025 y 507/2025, firmados por Milei y el Canciller Gerardo Werthein, ratifican la decisión de que, si bien la antigüedad en la nueva categoría es retroactiva, el bolsillo no lo es.
Los afectados son la Consejera de Embajada Cecilia Inés CASTILLO (D.N.I. N° 26.205.302), y los Secretarios de Embajada y Cónsules de Segunda Clase Federico Nahuel LÓPEZ BRUSAU (D.N.I. N° 32.737.421) y María Clara VIDAL (D.N.I. N° 33.319.580). Todos ellos fueron promovidos por la Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto N° 337/24, pero se agraviaron porque los efectos económicos de sus ascensos se fijaron a partir del 1° de enero de 2024, mientras que la antigüedad se reconocía desde el 1° de enero de 2022. Para ellos, esto lesionaba su "derecho de propiedad".
Sin embargo, el Gobierno es tajante. La Procuración del Tesoro de la Nación ya lo había advertido: los ascensos en el Servicio Exterior no son automáticos y los efectos económicos "recién se producen a partir de la existencia de la vacante o a partir del momento en que esta se libere". Es decir, se puede tener la antigüedad en el cargo, pero el aumento de sueldo solo corre desde que hay un puesto disponible y formalmente cubierto.
Esta medida sienta un precedente crucial en la carrera diplomática, dejando claro que las expectativas salariales deben ajustarse a la disponibilidad presupuestaria y a la existencia real de vacantes. Para los diplomáticos, esto significa que la justicia administrativa ha dicho su última palabra: la lucha por esos pesos retroactivos deberá continuar, si así lo desean, en los tribunales, ya que la vía administrativa ha sido agotada. Es un golpe a la billetera de los que aspiraban a un reconocimiento económico pleno e inmediato de su ascenso.
