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El INTI dejó sin efecto cinco asignaciones transitorias de funciones a importantes cargos, incluyendo subgerencias y jefaturas de departamento, con fecha retroactiva a octubre de 2024. La razón: un cambio en el decreto que rige las designaciones, obligando a rehacer los trámites. ¿Ineficiencia o búsqueda de mayor control?
Un nuevo capítulo en la turbulenta administración pública se escribe en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La Resolución 6/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, dejó sin efecto, con carácter retroactivo al 29 de octubre de 2024, las designaciones transitorias de cinco funcionarios clave. Entre los afectados se encuentran un Subgerente Operativo Regional NEA y jefes de departamentos como Compuestos y Productos Orgánicos, Alimentos y Bebidas Patagonia, Sueldos y Compensaciones, y Servicios Informáticos.
Los agentes involucrados son Mario Antenor JARZINSKI (D.N.I. N° 25.228.264), Julián GIGENA (D.N.I. Nº 30.083.734), María del Carmen DÍAZ (DNI N° 31.772.082), Facundo Gastón FERNÁNDEZ (D.N.I. Nº 34.479.391) y Marco Augusto Jesús JIMENEZ LOPEZ (D.N.I. Nº 92.739.917). La justificación oficial para esta drástica medida es la derogación del Decreto N° 355/17 por el nuevo Decreto N° 958/24, que modificó las facultades para disponer asignaciones transitorias de funciones. Esto significa que las resoluciones anteriores fueron dictadas bajo un marco normativo que ya no está vigente, obligando a la administración a 'volver a foja cero' con estos nombramientos.
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos del INTI recomendó dejar sin efecto las resoluciones y tramitar nuevamente las asignaciones. Aunque se argumenta que 'no ha generado derecho a la incorporación al régimen de estabilidad' y que se busca 'mantener el normal funcionamiento', la interrupción de estas funciones, aunque sea para un re-proceso, puede generar incertidumbre y demoras en áreas sensibles del organismo.
Este episodio subraya la fragilidad de las designaciones transitorias y la constante redefinición de competencias dentro del Estado. Para los trabajadores y el sector tecnológico que interactúa con el INTI, este tipo de movimientos internos, aunque 'administrativos', puede generar baches en la gestión y afectar la continuidad de proyectos.