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El Ministerio de Economía deroga normativas clave que fijaban precios orientativos para el flete de granos, desatando la 'mano invisible' del mercado en un sector vital para la economía.
En una jugada audaz y cargada de ideología, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía ha decidido dinamitar el sistema de regulación de tarifas para el transporte automotor de cargas de granos y oleaginosas. La Resolución 48/2025 abroga la histórica Resolución N° 8/2016 y la Resolución Conjunta N° 1/2023, que establecían una Tarifa de Referencia y una Mesa de Negociación Participativa para el sector. La medida, que entra en vigencia inmediatamente, busca 'eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica'. En criollo, se acabó la intervención estatal en la fijación de precios orientativos. Ahora, el valor del flete para la producción agropecuaria quedará librado puramente a la negociación entre transportistas y dadores de carga. La decisión no es arbitraria; llega después de que varias de las principales cámaras del sector, como FAETyL, FADEEAC y la Sociedad Rural Argentina, manifestaran su decisión de no participar más en la Mesa de Trabajo, argumentando que un 'Índice de Costos serio y bien elaborado' es suficiente para las negociaciones individuales, sin necesidad de la 'intervención alguna de la Autoridad Pública'. Curiosamente, estas declaraciones se dan a pesar de que el 10 de marzo de 2025 ya se había celebrado un Acta Acuerdo entre transportistas y dadores de carga para establecer un nuevo cuadro tarifario nacional. ¿Qué significa esto para el ciudadano común? Si bien el objetivo es la desregulación y la eficiencia, la eliminación de tarifas de referencia puede generar un escenario de mayor volatilidad e incertidumbre en los precios de los fletes. Esto podría impactar, en última instancia, en los costos de los alimentos y otros productos transportados, afectando directamente el bolsillo del consumidor. Para el sector, es una apuesta fuerte por la libertad de mercado, pero también un riesgo. Los transportistas más pequeños podrían quedar a merced de los grandes dadores de carga, y las asimetrías de poder en la negociación podrían generar conflictos. La promesa de una 'amplia competencia y transparencia de mercado' es atractiva, pero su implementación en la práctica siempre presenta desafíos. ¿Será el inicio de una nueva era de prosperidad para el transporte o de una guerra de precios sin cuartel?
