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El Gobierno mete bisturí en reglamentos técnicos de construcción, eficiencia energética y otros productos, eliminando burocracia, dispensando a la Aduana de controles y centralizando la información al consumidor vía QR. ¡Un terremoto regulatorio!
La Secretaría de Industria y Comercio ha desatado un verdadero tsunami regulatorio con la Resolución 26/2025, que modifica, deroga y simplifica un sinfín de normativas que impactan en sectores clave como la construcción, la energía y la manufactura. La bandera de la desburocratización y simplificación ondea bien alto, pero los cambios son tan extensos que prometen generar tanto alivio como algunas ondas de impacto.
Primero, se amplía el alcance de los productos de construcción que deben cumplir con requisitos de calidad y seguridad, afectando a todos los fabricantes, nacionales y extranjeros, y sumando nuevas normas técnicas. Se prorroga hasta el 1° de octubre de 2025 la obligación del "Marcado de Conformidad", dando un respiro a los sectores involucrados. Y en una movida audaz, se derogan de un plumazo resoluciones sobre cables de acero (N° 153/2018), equipos sometidos a presión (N° 347/2018) y válvulas industriales (N° 92/2019), algunas de las cuales ya estaban suspendidas. La justificación es clara: "la aplicación de las mismas en su totalidad no resulta pertinente".
Pero el plato fuerte viene con los cambios en el Etiquetado de Eficiencia Energética (Resolución N° 438/2024). El Gobierno da marcha atrás con la idea de una base de datos centralizada de eficiencia energética. En su lugar, la información detallada sobre el rendimiento energético de los productos deberá ser brindada por fabricantes e importadores a los consumidores ¡a través de un código QR en la etiqueta! Una movida que busca "eliminar cualquier barrera y/o restricciones que obstaculicen el comercio interno y externo". Además, la Dirección General de Aduanas quedará dispensada del control documental y/o físico de los reglamentos técnicos que fueron abrogados por la 438/2024. Esto podría acelerar el ingreso de mercaderías, pero también genera interrogantes sobre los mecanismos de control.
En resumen, estamos ante una reingeniería profunda del marco regulatorio técnico y comercial, que busca flexibilizar y modernizar, pero que exigirá a las empresas una rápida adaptación a los nuevos esquemas de control y de información al consumidor. Un paso gigante hacia la liberación de cargas administrativas, pero con la lupa puesta en la responsabilidad del sector privado.
