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Mientras el país arde por la crisis, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales designa a sus representantes para la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, un órgano clave para los derechos laborales en la Administración Pública.
El Ministerio de Capital Humano, en el ojo de la tormenta por sus políticas sociales, acaba de formalizar un paso crucial para los empleados públicos: la constitución de la Delegación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT). Esta movida, que parece una formalidad burocrática, es en realidad un pilar fundamental para la defensa de los derechos laborales y la prevención de la violencia en el ámbito estatal.
La CIOT, creada por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/2006, busca garantizar el cumplimiento del principio de no discriminación y la igualdad de trato. Se designaron seis representantes por el Estado empleador (tres titulares y tres suplentes) y otros seis por las partes gremiales, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Para el ciudadano común que trabaja en el Estado, esto significa que los empleados contarán con un canal formal para denunciar y resolver situaciones de desigualdad, discriminación o violencia laboral. Aunque el impacto directo en la economía es neutral, a nivel social y de derechos laborales es una pieza institucional importante que se pone en marcha, aunque su eficacia real dependerá de la voluntad política y la participación gremial. Es un recordatorio de que, incluso en la burocracia, hay mecanismos para proteger a los empleados y promover un ambiente de trabajo justo. La medida busca fortalecer un espacio de diálogo y control sobre las condiciones laborales, un tema sensible en tiempos de ajuste.
