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La Secretaría de Hacienda aprueba nuevos comprobantes de gestión para optimizar y agilizar la cobranza de créditos morosos a provincias y organismos, buscando una gestión financiera más eficiente.
¡Atención, deudores! La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía no afloja en su cruzada por ordenar las finanzas públicas. A través de la Resolución 1/2025, se aprueban dos nuevos comprobantes de gestión clave: el "Comprobante de Gestión Solicitud de Cobranza de RECAC Provincias (SOC-RCP)" y el "Comprobante de Gestión Solicitud de Cobranza de RECAC Organismos (SOC-RCO)".
Esta medida, que complementa el ya existente "Marco Conceptual del Circuito de Cobranzas del Tesoro Nacional (COTENA)" dentro del e-SIDIF, busca ampliar la funcionalidad para el recupero de créditos a cobrar que se encuentran en "mora" en el "Registro de Créditos a Cobrar – (RECAC)". En otras palabras, el Gobierno está perfeccionando sus herramientas internas para presionar y recolectar las deudas que provincias y otros organismos mantienen con el Tesoro Nacional.
La Tesorería General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, ambas dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto, quedan facultadas para realizar modificaciones y dictar normas complementarias. Esto significa que el proceso de cobranza será más estructurado, con mayor trazabilidad y, se espera, más efectivo. Si bien es una medida netamente administrativa, su objetivo final es mejorar la calidad en la gestión y explotación de la información financiera, lo que podría traducirse en mayores ingresos para las arcas del Estado.
"Con el propósito de ampliar la funcionalidad de ese marco conceptual a los efectos de incluir el procedimiento a cobrar señalado... se propicia la aprobación de los Comprobantes de Gestión Solicitud de Cobranza de RECAC Provincias (SOC-RCP) y Solicitud de Cobranza de RECAC Organismos (SOC-RCO)." - Resolución 1/2025
Para el ciudadano común, no hay un impacto directo inmediato, pero una mejora en la recaudación de deudas intra-estatales podría aliviar la presión sobre otras fuentes de ingresos o contribuir a un equilibrio fiscal más sano. Es un paso más en la optimización de la administración financiera del sector público nacional.
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