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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una serie de edictos y notificaciones en las Aduanas de Bernardo de Irigoyen, Corrientes y Jujuy. La mira está puesta en infractores con domicilios desconocidos, mercadería sin titular y evasores de tributos, con multas que ascienden a millones de pesos y la amenaza de abandono de bienes.
La lupa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se posa con fuerza sobre las fronteras y el interior del país. En un despliegue de control y fiscalización, las Aduanas de Bernardo de Irigoyen (Misiones), Corrientes y Jujuy han emitido una serie de avisos oficiales que ponen en jaque a decenas de personas y empresas. El objetivo es claro: combatir las infracciones aduaneras y recuperar tributos evadidos.
Los edictos de notificación de la Aduana de Bernardo de Irigoyen (Art. 7698) citan a individuos con domicilios desconocidos o en el extranjero para que presenten sus defensas por infracciones que implican multas mínimas de hasta $3.654.399,20 y tributos adeudados que superan los U$S 12.000. Nombres como Díaz Robin Alberto, Pereyra César Daniel o Silva Maximiliano Ezequiel están en la mira, acusados de violar artículos clave del Código Aduanero (874, 985, 986, 987).
En Corrientes, la situación no es menos dramática. Dos avisos (Art. 7699 y 7700) intiman a imputados como Jorge Nicolás Pross o Walter Gabriel Montenegro a comparecer por infracciones que van desde la no presentación de documentación hasta la posesión de cigarrillos de tabaco de origen extranjero. Aquí, los tributos adeudados ascienden a más de $63.000 en algunos casos, y las multas superan los $890.000. La advertencia es tajante: si no se presentan, la mercadería será considerada abandonada a favor del Estado Nacional y, en el caso de los cigarrillos, se procederá a su destrucción inmediata.
Finalmente, la Aduana de Jujuy (Art. 7701) emitió un edicto para anunciar "mercadería sin titular conocido", dando un plazo de 10 días para que los legítimos dueños se presenten, o los bienes serán declarados abandonados. Esto subraya un patrón de mayor rigor en el control y la persecución de irregularidades en todas las fronteras.
Estas medidas reflejan una política de estado proactiva para asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras, lo que puede generar un impacto negativo directo para los infractores, pero busca un efecto positivo en la recaudación fiscal y la equidad comercial. Para el ciudadano común, es una señal de que el Estado intensifica sus esfuerzos para combatir el contrabando y la evasión, aunque también pone de manifiesto la complejidad de los trámites aduaneros y la importancia de su cumplimiento.
