¡Chau Corredores Viales! El Gobierno Pone en Marcha la Privatización Total de Rutas

El Ministerio de Economía ha iniciado formalmente el proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que gestiona una parte crucial de nuestra red vial. Esta medida, esperada por muchos y resistida por otros, se enmarca en la Ley 27.742, que la declaró "sujeta a privatización", y busca un cambio radical en la administración de las rutas nacionales.

¿Qué Implica Este Mega Cambio?

La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a concretar la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes y a realizar un exhaustivo inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Estado. Posteriormente, se lanzará una nueva licitación de obra pública por peaje para los corredores actualmente a cargo de Corredores Viales SA, bajo los términos de la Ley 17.520. Una vez adjudicados y perfeccionados estos nuevos contratos, se procederá a la disolución y posterior liquidación de la empresa estatal.

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas" tendrá un rol clave, coordinando la valuación de los flujos de fondos futuros de las concesiones y la tasación de los bienes de Corredores Viales SA. Este proceso deberá completarse en un plazo ambicioso de doce (12) meses para la concesión de los tramos.

Impacto en el Bolsillo y en la Ruta

Para los ciudadanos, este cambio podría significar modificaciones en la gestión de las rutas, con la expectativa de que la inversión privada mejore la infraestructura y la calidad del servicio. Sin embargo, también abre la puerta a posibles reajustes en las tarifas de peaje. Para las empresas privadas, se abre una enorme oportunidad de negocio en la infraestructura vial, en un sector históricamente dominado por el Estado.

Un punto de controversia es que la propuesta no prevé el otorgamiento de preferencias para los trabajadores ni la aplicabilidad de un programa de propiedad participada, lo que podría generar tensiones laborales. La transparencia del proceso, que se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, será clave para la confianza pública.

"Esta privatización busca eficiencia y reducción del gasto público, pero plantea interrogantes sobre el futuro de los empleados y el control estatal sobre activos estratégicos."

Es fundamental que los ciudadanos estén atentos a las futuras licitaciones y a cómo los nuevos concesionarios gestionarán el mantenimiento y las tarifas de nuestras rutas. El futuro de una parte vital de la infraestructura argentina está en juego.