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La ANAC elimina viejas normativas y promueve la libre competencia en servicios de rampa y operacionales, simplificando la certificación. Un paso gigante hacia la eficiencia, pero que genera interrogantes sobre el control y la seguridad.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha dado un paso audaz hacia la desregulación total del sector aerocomercial con la Resolución 86/2025, profundizando la política de "Cielos Abiertos" impulsada por el Gobierno. Esta medida abarca la abrogación de varias normativas clave que regulaban los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, prometiendo una mayor libertad de mercado y eficiencia.
La resolución deroga la Disposición 106/2002 del ex Comando de Regiones Aéreas (que regulaba el registro de personal de rampa), la Resolución 245/2023 de la ANAC (que fijaba el cuadro tarifario para la asistencia en tierra de Intercargo S.A.U.) y la Resolución 326/2024 (que habilitaba la autoprestación de servicios de asistencia en tierra). En su lugar, se aprueba un nuevo "REGLAMENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS OPERACIONALES Y DE RAMPA" y un "REGISTRO DEL PERSONAL AFECTADO".
El objetivo es claro: "establecer nuevos parámetros acordes a los principios establecidos en el decreto 599/2024", que incluyen la libre competencia, desregulación tarifaria y la libertad contractual. Esto significa que las aerolíneas y empresas de servicios aeroportuarios tendrán mucha más flexibilidad para negociar precios y condiciones, lo que, en teoría, debería impulsar la competencia y, eventualmente, reducir los costos operativos, que podrían trasladarse a tarifas más bajas para los pasajeros.
Sin embargo, la ANAC enfatiza el "estricto resguardo de la seguridad operacional y la seguridad en la aviación", y en un plazo de treinta días deberá publicar los modelos de manuales de procedimientos operativos y de gestión de la seguridad operacional. Un detalle importante es que las Tarifas por Utilización de Pasarelas Telescópicas seguirán vigentes hasta que se aprueben nuevos cuadros tarifarios, manteniendo un último reducto de regulación. Esta jugada es un salto al vacío para el sector, donde la promesa de eficiencia y precios bajos se contrapone con la necesidad de mantener controles rigurosos en una industria tan crítica.
