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El Gobierno refuerza la supervisión en la designación y contratación de letrados para el Cuerpo de Abogados del Estado, buscando 'optimizar' la defensa jurídica nacional y dejando sin efecto normativas anteriores.
La Procuración del Tesoro de la Nación ha soltado una bomba administrativa que redefine el ingreso y la permanencia de los abogados en el Estado. A través de la Resolución 8/2026, se establecen nuevos y más rigurosos controles para la cobertura de cargos, contrataciones y apoderamientos dentro del Cuerpo de Abogados del Estado, un movimiento que promete sacudir los pasillos de la Justicia y la Administración Pública.
Esta medida deroga las Resoluciones Nros. 17/09 y 64/17, que hasta ahora marcaban la pauta. ¿Qué significa esto? Que el proceso para ser abogado del Estado ya no será el mismo. Ahora, cada postulación o contratación deberá pasar por un triple filtro implacable:
Además, el Procurador del Tesoro se reserva la facultad de solicitar informes adicionales a las Direcciones de Auditoría y de Asuntos Judiciales, y, como si fuera poco, ¡se podrán realizar entrevistas personales a los postulantes! Es decir, el proceso se vuelve más exhaustivo y personalista.
La Ley N.º 12.954, que creó el Cuerpo de Abogados del Estado, le otorga al Procurador del Tesoro la potestad de dirigirlo. Esta nueva resolución, según el organismo, busca fortalecer las funciones de asesoramiento y defensa en juicio del Estado Nacional. En la práctica, esto podría traducirse en una mayor profesionalización de los letrados estatales, pero también en una centralización del poder y, posiblemente, en una mayor lentitud en los procesos de designación.
"Se busca posibilitar el ejercicio efectivo del control que, sobre la designación de los integrantes o colaboradores del Cuerpo de Abogados del Estado, le compete a su Director."
Para el ciudadano común, si bien no hay un impacto directo e inmediato en el día a día, la calidad y eficiencia de la defensa jurídica del Estado es crucial. Un cuerpo de abogados más capacitado y rigurosamente seleccionado podría significar menos litigios perdidos o mejor gestionados, lo que a la larga podría tener un impacto positivo en las arcas públicas y, por ende, en la optimización de los recursos que nos pertenecen a todos. Sin embargo, la burocracia extra siempre es un riesgo a la eficiencia. Estaremos atentos a cómo se implementa esta 'optimización'.
