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La Agencia de Administración de Bienes del Estado extiende plazos y difiere pagos para obras civiles afectadas por la pandemia, reconociendo el impacto del COVID-19 en contratos millonarios.
En una decisión que ofrece un respiro a numerosos contratistas, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) ha emitido la Resolución 84/2024, disponiendo que no se computará el período comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022 para el cumplimiento de los plazos de obras civiles y los diferimientos de pagos vinculados a inversiones en contratos suscriptos con la Agencia. Esta medida se basa en el "hecho fortuito e imprevisible" de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y su impacto en la ejecución de proyectos.
La AABE, como órgano rector de la administración de bienes inmuebles del Estado Nacional, reconoce el "notorio nexo causal" entre las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria (ASPO y DISPO) y las demoras en la ejecución de obras. Esta resolución busca brindar una "solución integral" que contemple la situación extraordinaria que atravesó el país, velando por los intereses del Estado pero también entendiendo las dificultades de los concesionarios y permisionarios.
La medida es una interpretación armónica de los contratos que busca mantener los principios de transparencia e igualdad, evitando penalizaciones por causas de fuerza mayor. Para las empresas involucradas en contratos de obras civiles con el Estado, esto significa una considerable extensión de los plazos y un alivio en la presión financiera, permitiendo la readecuación de sus cronogramas y flujos de caja. Es una muestra de cómo la administración pública se adapta a circunstancias excepcionales para evitar mayores perjuicios y asegurar la continuidad de proyectos.
