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El Gobierno homologó acuerdos de suspensiones para LEPIC S.A. y SIDWAY S.A. con SMATA, con pagos no remunerativos. ¿Se salvan los empleos o es el principio del fin?
La industria automotriz y metalmecánica vuelve a encender las alarmas. El Ministerio de Capital Humano, a través de las Disposiciones 1071/2025 y 1073/2025, homologó dos acuerdos cruciales de suspensiones de personal para las empresas LEPIC SOCIEDAD ANÓNIMA y SIDWAY SOCIEDAD ANÓNIMA, ambos pactados con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA).
Estos acuerdos, enmarcados en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), establecen que los trabajadores afectados recibirán una prestación no remunerativa durante el período de suspensión. Esto significa que, si bien percibirán un ingreso, este no computará para la base de cálculo de otros beneficios laborales como vacaciones, aguinaldo o aportes previsionales.
Lo más impactante es la justificación de la autoridad: a pesar de que la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 exigen un Procedimiento Preventivo de Crisis antes de estas medidas, el Ministerio consideró que el consentimiento sindical tácitamente reconocía la situación de crisis de las empresas, haciendo "un dispendio de actividad" exigir los requisitos legales. Una movida que genera debate sobre la flexibilidad laboral y la protección del empleo.
Para los trabajadores, estas suspensiones representan una reducción de ingresos y una fuerte incertidumbre laboral, aunque mantienen el vínculo y evitan despidos directos. Para las empresas, es una forma de reducir costos operativos en momentos de baja actividad, buscando preservar la continuidad. Los listados de personal afectado, que se encuentran adjuntos a las disposiciones, dan cuenta de la magnitud de la medida.
"Con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad," argumenta la disposición, priorizando la "preservación" del empleo sobre la formalidad del PPC.
Es una señal clara de la fragilidad del sector industrial y de las complejas negociaciones que se están llevando a cabo para evitar un colapso mayor.
