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El Ministerio de Transporte bonaerense aprieta las tuercas a infractores, con multas que superan los $140.000 para empresas de transporte y particulares. Sin embargo, un giro sorprendente deja sin efecto una sanción millonaria tras un error crucial en la identificación vehicular.
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires revela una intensa actividad de fiscalización por parte del Ministerio de Transporte, que no duda en aplicar sanciones contundentes a quienes incumplen las normativas. En una serie de disposiciones, se observa cómo la autoridad provincial busca poner orden en el caótico sector del transporte, afectando tanto a particulares como a empresas de gran porte.
Primero, la Sra. Andrea Silvina Martinez (DNI: 22.007.531) fue sancionada con una multa de $73.472 por una infracción al artículo 315 del Decreto N° 6864/58, que regula el transporte. Un llamado de atención a los conductores y prestadores que operan al margen de la ley.
Pero el golpe más fuerte lo recibió Transporte Gala S.R.L. (CUIT 30-71093208-1), multada con $146.945. ¿El motivo? Un operativo de control en la Ruta Provincial N° 11, en La Costa, detectó que uno de sus vehículos (Dominio HWG447) transportaba 53 pasajeros desde Florencio Varela hasta San Clemente, un servicio para el cual no estaba autorizado. La empresa ni siquiera presentó descargo, lo que selló su destino y la multa, que debe abonarse al "Fondo Provincial del Transporte".
Sin embargo, la noticia que genera más revuelo es la anulación de una multa de $253.089 impuesta a la Empresa PIRU TUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-71564777-6). Inicialmente, la empresa había sido sancionada por realizar "tráficos no autorizados", transportando 54 pasajeros desde La Matanza a San Clemente del Tuyú con el vehículo Dominio HRZ869.
La controversia surge porque, antes de enviar el expediente a Fiscalía de Estado para la ejecución de la multa, se constató un error garrafal: la empresa sancionada no tenía dominio sobre la unidad identificada con la patente HRZ869. Esta acreditación de información, desconocida al momento de dictar la disposición original (notificada en octubre de 2024), obligó a la Subsecretaría de Transporte a dejar sin efecto la sanción. Un claro ejemplo de que, incluso en el rigor de la fiscalización, los errores pueden ocurrir y el debido proceso es clave.
Este boletín muestra un Ministerio de Transporte activo, pero también la importancia de la precisión en los procedimientos administrativos para evitar injusticias.
