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El Ministerio de Cultura porteño aprobó una batería de contratos de locación de servicios artísticos, desatando interrogantes sobre la asignación de recursos públicos en un contexto de austeridad. ¿Quiénes son los beneficiados y qué impacto real tienen estas contrataciones?
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires acaba de revelar una serie de resoluciones del Ministerio de Cultura que encienden las alarmas sobre la gestión de fondos públicos. Se trata de las Resoluciones N° 2372/MCGC/26, 2396/MCGC/26 y 2398/MCGC/26, que aprueban sendos contratos de locación de servicios artísticos.
¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Básicamente, el Gobierno porteño sigue destinando recursos a la contratación de artistas bajo la modalidad de locación, un esquema que, si bien es habitual, siempre genera debate sobre la eficiencia y necesidad de cada gasto. Aunque los textos no detallan los montos ni los nombres de los artistas, la acumulación de estas aprobaciones sugiere una actividad contractual intensa en el ámbito cultural.
El contexto actual, marcado por fuertes discursos de ajuste y revisión del gasto estatal, hace que cada peso invertido en áreas no esenciales sea analizado con lupa. La ciudadanía espera transparencia en la asignación de estos fondos, especialmente cuando se trata de servicios que podrían ser vistos como prescindibles en momentos de crisis. Estas medidas, en la superficie rutinarias, son una ventana a cómo se mueve la caja chica de la cultura en la metrópolis.
"En tiempos de vacas flacas, cada contrato cuenta", podría ser el lema que resuena en los pasillos de la administración.
