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El Ministerio de Cultura sigue firmando y modificando contratos artísticos a mansalva. Una constante inyección de fondos públicos que genera interrogantes sobre la transparencia y la verdadera necesidad.
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires nos trae una serie de resoluciones que confirman lo que muchos sospechan: el Ministerio de Cultura no para de aprobar y modificar contratos de locación de servicios artísticos. Se trata de los expedientes bajo los números 2230, 2235, 2259, 2221 y 2227/MCGC/26, todos ellos sellados por el Poder Ejecutivo.
Estas normativas, aunque rutinarias en su forma, representan un flujo constante de dinero público destinado al sector cultural. Si bien se celebra el apoyo a los artistas, la acumulación de estas aprobaciones sin detalles específicos sobre los beneficiarios o los montos involucrados levanta sospechas. ¿Son todos estos contratos realmente esenciales? ¿Se prioriza la eficiencia en el gasto o se trata de una maquinaria burocrática que opera con piloto automático?
La falta de información detallada en el texto oficial impide conocer exactamente qué servicios se contratan o quiénes son los afortunados. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en una caja negra donde el dinero de sus impuestos fluye sin un control claro y accesible. Es fundamental que estos procesos sean más transparentes para evitar cualquier sombra de duda sobre el destino de los fondos públicos.
'La cultura es un derecho, pero también debe ser administrada con responsabilidad y transparencia,' podría ser la consigna ante este escenario.
