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Un giro clave en la seguridad nacional: el Poder Ejecutivo, con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, fija la ambigua definición de 'objetivo estratégico' y abre la puerta a una mayor intervención de Fuerzas Armadas y policiales en su protección. ¿Más control o más seguridad para los bienes vitales del país?
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1107/2024, acaba de poner fin a una ambigüedad histórica en la Ley de Defensa Nacional: la falta de una definición clara sobre qué constituye un "Objetivo de Valor Estratégico". Hasta ahora, este vacío legal generaba incertidumbre sobre qué bienes o instalaciones debían ser custodiados con especial celo por parte del Estado. Ahora, la respuesta es contundente y con implicaciones profundas para la seguridad interior y el rol de las Fuerzas Armadas.
El decreto establece que "Objetivos de Valor Estratégico" son cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y entidades materiales de vital importancia para el ESTADO NACIONAL que, de ser dañados o destruidos, causarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes, la economía, el ambiente o la propia Seguridad de la Nación. En criollo, desde una central nuclear hasta un centro de datos crítico, pasando por represas o infraestructura de transporte clave, todo puede ser calificado como tal.
La competencia exclusiva para esta calificación recae en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque los Ministros de Defensa y Seguridad podrán proponer candidatos. Esto centraliza el poder de decisión y lo pone directamente en manos de la Presidencia.
La medida tiene un doble impacto. Por un lado, busca reforzar la protección de infraestructuras críticas ante amenazas como el terrorismo internacional, que el propio decreto menciona explícitamente como uno de los principales problemas del siglo XXI. Esto podría significar una mayor seguridad para servicios esenciales y bienes públicos.
Por otro lado, la novedad más resonante es la potencial participación de las Fuerzas Armadas en la custodia de estos objetivos en tiempos de paz, en coordinación con las fuerzas policiales y de seguridad federales. Y, atención, en caso de guerra, conflicto armado o situaciones de conmoción interior (bajo estado de sitio), estos objetivos y las fuerzas que los protegen quedarán bajo el comando operacional de las Fuerzas Armadas. Esto representa una ampliación del rol militar en la seguridad interna, un tema siempre sensible en la Argentina, que históricamente ha buscado limitar la intervención castrense a la defensa externa.
"Una mirada estratégica de la Seguridad Nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la Agenda del siglo XXI."
Para las empresas que operan infraestructuras potencialmente estratégicas (energía, comunicaciones, transporte), esto podría implicar una mayor coordinación con el Estado y la posibilidad de que sus instalaciones sean declaradas "Objetivos de Valor Estratégico", con las consiguientes implicaciones en seguridad y control. Para el ciudadano de a pie, significa que el Estado tiene una herramienta más definida para proteger aquello que considera vital, aunque también plantea interrogantes sobre los límites de la intervención militar en el ámbito civil.
El decreto se enmarca en las Leyes de Defensa Nacional N° 23.554 y Seguridad Interior N° 24.059, que ya preveían la protección de objetivos estratégicos, pero sin la claridad que ahora se busca establecer. La medida parece una respuesta a la necesidad de modernizar las capacidades de seguridad del Estado frente a amenazas contemporáneas y el arte del combate no convencional, donde la infraestructura crítica es un blanco clave.
Es fundamental seguir de cerca cómo el Poder Ejecutivo utilizará esta nueva facultad para calificar objetivos. La lista de bienes y servicios que podrían entrar en esta categoría es extensa y su designación tendrá un impacto directo en la asignación de recursos y la coordinación entre las distintas fuerzas. La ciudadanía deberá estar atenta a futuras publicaciones en el Boletín Oficial para conocer qué instalaciones serán declaradas estratégicas y bajo qué régimen de protección operarán.
27 de febrero de 2026
24 de diciembre de 2024
24 de diciembre de 2024
