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La Secretaría de Minería aprobó un nuevo manual de auditoría para la Ley 24.196, prometiendo mayor fiscalización y transparencia en el Régimen de Inversiones Mineras. ¿Se acaba la fiesta para algunos?
La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía ha desatado una nueva herramienta de control que podría sacudir los cimientos del sector minero. Se trata de la aprobación del Manual de Procedimientos de Auditoría de la Ley 24.196, el famoso Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. Este manual, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, busca estandarizar criterios y optimizar la gestión de las auditorías que realiza la Dirección Nacional de Inversiones Mineras.
¿Qué significa esto en la práctica? Las empresas mineras que se benefician de las ventajas de la Ley 24.196, como las exenciones en importaciones, ahora enfrentarán un escrutinio más riguroso y objetivo. La medida nace de la experiencia de gestión que evidenció la necesidad de una herramienta integral para verificar que los beneficios que otorga la ley se destinen correctamente y conforme a la normativa. En otras palabras, el gobierno busca asegurar que los incentivos fiscales y aduaneros no se desvíen de su propósito original: fomentar la inversión genuina en la actividad minera.
La Dirección Nacional de Inversiones Mineras, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, no solo aplicará este manual, sino que también podrá dictar normas complementarias y elaborar un Programa Anual de Auditorías. Esto sugiere un aumento en la actividad fiscalizadora, lo que podría generar mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, pero también una posible mayor burocracia y presión regulatoria para las empresas. El objetivo declarado es dotar de mayor solidez al régimen, utilizando cruces de información, inteligencia de datos y análisis de evidencia. Es un claro mensaje de que los ojos del Estado estarán más puestos que nunca sobre el oro, la plata y el litio.
