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El Gobierno prorrogó las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF por una década, asegurando el flujo de crudo y derivados en todo el país con un plan de inversión colosal que supera los USD 640 millones.
En una jugada estratégica que definirá el futuro energético del país, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la prórroga por DIEZ (10) años de las concesiones de transporte de hidrocarburos que YPF S.A. opera a través de una red vital de oleoductos y poliductos que atraviesan las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Esta extensión, que comenzará a regir a partir del 6 de noviembre de 2027, es crucial para el "nuevo escenario energético" argentino, marcado por el auge de la producción no convencional, especialmente en la Cuenca Neuquina.
La decisión viene acompañada de un ambicioso Plan de Trabajo e Inversiones comprometido por YPF. Para el período 2025-2027, la compañía desembolsará unos USD 278.100.000 en la mejora de la infraestructura existente. Pero la verdadera apuesta fuerte se verá durante la prórroga, con una inversión proyectada de USD 364.300.000 destinada a:
"Estas inversiones no solo apuntan a abastecer sus propios complejos industriales, sino también a brindar soporte logístico a terceros y a toda la cadena de valor de la industria", destaca el decreto.
Un dato no menor es que el incumplimiento de las inversiones comprometidas hasta 2027 será causal de caducidad de las concesiones, lo que demuestra la firmeza del control estatal sobre esta jugada estratégica. Además, se establece que la capacidad de transporte no contratada y la contratada no utilizada estarán sujetas a un régimen de regulación tarifaria quinquenal, garantizando el acceso abierto y evitando monopolios. También se exige la regularización de servidumbres de paso en 60 días, un punto clave para la seguridad jurídica de las operaciones. Este decreto es una señal clara de la importancia que el Gobierno le otorga a la infraestructura energética para el desarrollo y la exportación.