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El Gobierno nacional introdujo una modificación en la Ley de Defensa del Consumidor que permite a proveedores obtener una reducción del 50% en multas por infracciones si realizan el pago voluntario en un plazo de diez días hábiles, buscando agilizar procesos y reducir litigiosidad.
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 377/2026, modificó la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) para incorporar un incentivo al pago voluntario de multas por infracciones. Esta medida busca disminuir la carga de litigiosidad administrativa y judicial, tanto para el Estado como para los proveedores, y reducir los costos de transacción en el mercado.
Ahora, los proveedores que sean sancionados con una multa por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor podrán acceder a un descuento del 50% sobre el monto fijado. Para ello, deberán consentir la sanción y abonar la multa dentro de los diez días hábiles de haber sido notificados de la resolución. En caso de que el infractor presente un recurso de apelación dentro de ese plazo, el beneficio del descuento se perderá. Es importante destacar que, en ningún caso, la reducción podrá resultar en un monto inferior al mínimo establecido en el artículo 47, inciso b) de la Ley N° 24.240.
La norma actual de Defensa del Consumidor no preveía este tipo de descuentos, a diferencia de los procedimientos implementados por varias autoridades locales y otras regulaciones de comercio interior, como el Decreto N° 274/2019. La iniciativa se enmarca en un contexto de reordenamiento macroeconómico y busca una gestión pública más ágil y eficaz en la resolución de actuaciones administrativas. Al fomentar el pago voluntario, se espera descongestionar los tribunales y reducir los gastos asociados a procesos legales prolongados.
Esta modificación puede traducirse en una mayor rapidez en la resolución de casos de infracción, beneficiando a los proveedores que opten por la vía del pago voluntario y a la administración al liberar recursos. Para el consumidor, si bien no afecta directamente la sanción al proveedor, la agilización de los procesos podría contribuir a un sistema más eficiente en la protección de sus derechos.
