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Dos Decretos de Necesidad y Urgencia con impacto masivo: uno busca congelar el 'tarifazo' invernal del gas, y el otro promete desburocratizar el comercio exterior. ¿Desregulación o más intervención estatal?
El Poder Ejecutivo Nacional ha vuelto a recurrir a la herramienta de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) para introducir cambios de fondo en dos áreas críticas: la energía y el comercio exterior. Estas medidas, publicadas hoy, prometen generar un intenso debate tanto en la política como en la sociedad.
Por un lado, el Decreto 26/2026 introduce modificaciones clave en el 'Plan Gas.Ar' y en el régimen de 'SUBSIDIOS ENERGÉTICOS FOCALIZADOS (SEF)'. La gran novedad es que el Estado Nacional podrá tomar a su cargo una porción del Precio Anual Uniforme del gas, y lo más llamativo es que este monto podrá ser igual, inferior o superior al Precio de Mercado ajustado por estacionalidad. El objetivo declarado es suavizar el impacto de los precios estacionales en las facturas de gas de los usuarios, especialmente en los meses de invierno. Para el ciudadano de a pie, esto significa una protección frente a los aumentos bruscos de tarifas, pero a costa de que el Estado asuma una mayor carga fiscal. Esta medida representa una fuerte intervención en el mercado energético y será crucial para la economía familiar.
Por otro lado, el Decreto 41/2026 promete una revolución en el comercio exterior al modificar la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) para implementar las 'resoluciones anticipadas'. Esta herramienta busca dar seguridad jurídica a importadores y exportadores, permitiéndoles consultar de antemano sobre la clasificación arancelaria, valoración o el origen de sus mercaderías. La Aduana se encargará de las primeras, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad competente para el origen, con un plazo máximo de 30 días para responder. Esta desburocratización es un guiño a las empresas y busca agilizar el flujo comercial, reduciendo incertidumbres y costos. Se alinea con los compromisos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), justo al límite de una prórroga. Ambos DNUs, al ser de necesidad y urgencia, deberán pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, donde su constitucionalidad y conveniencia serán objeto de un riguroso escrutinio. La ciudadanía debe estar atenta a cómo estas medidas impactarán en su economía y en el funcionamiento del país.