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El Instituto de Previsión Social de Buenos Aires desentierra una serie de beneficios póstumos, revelando la burocracia que persigue a los jubilados incluso después de su partida. Herencias millonarias en juego y el Estado saldando deudas con el más allá.
Una ola de resoluciones del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires sacude el Boletín Oficial, poniendo en foco la agilidad -o la falta de ella- del sistema previsional. En varios casos que rozan lo kafkiano, el IPS ha tenido que reconocer derechos jubilatorios y pensionarios a personas que fallecieron en el medio del trámite o incluso antes de percibir un solo peso.
El caso de Eduardo KLIMAVICIUS (DNI 18.689.734) es emblemático: se le reconoció una jubilación ordinaria por sus años como Profesor y Preceptor, pero solo por un día, ya que falleció al día siguiente del inicio del beneficio. Su cónyuge, Gladys Amelia ALBORNOS (DNI 14.751.430), ahora percibirá la pensión correspondiente. Similar situación vivió Julio Federico FERRERO (DNI 5.465.303), a quien se le concedió una pensión por el fallecimiento de Irene Haydee MAGARIÑOS, pero él mismo falleció meses después. Lo mismo ocurrió con Jorge Luis CALOIA (DNI 7.771.161), quien obtuvo una pensión por Mirta Olga BARBARA y también falleció durante el proceso. Finalmente, Liliana Emilia BRANDO (DNI 10.906.541), Directora Asociada de un Hospital Interzonal, vio reconocida su jubilación, pero también de forma póstuma, con su beneficio liquidado a sus herederos.
"La burocracia no se detiene ni con la muerte", parece ser el lema implícito de estas resoluciones. El impacto para la sociedad es dual: por un lado, garantiza los derechos de los trabajadores y sus familias, asegurando que los beneficios previsionales se paguen, incluso si el titular fallece. Por otro, pone en evidencia la lentitud administrativa, que obliga a los deudos a continuar trámites complejos en momentos de duelo. Es un recordatorio crudo de la importancia de tener la documentación en regla y estar al tanto de los procesos jubilatorios.
El Estado, a través del IPS, busca regularizar estas situaciones para que los derechos adquiridos no se pierdan en el laberinto administrativo. Para los familiares, es una mezcla de alivio y frustración, ya que las sumas devengadas son declaradas de "legítimo abono" a favor de los herederos que acrediten su carácter legal. Esto implica un nuevo desafío: demostrar la sucesión para acceder a estos fondos.
