Drama en la Aduana: Convocan a Familiares de Agente Fallecida por Beneficios y Haberes

Un aviso oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP-Aduana) ha puesto de manifiesto un tema sensible: la gestión de los derechos de los empleados públicos fallecidos. La Aduana ha emitido una convocatoria pública a los parientes de la agente Liliana Patricia García, D.N.I. N° 20.925.284, quien lamentablemente ha fallecido.

El objetivo de este llamado es que los familiares, amparados por el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), se contacten para hacer valer sus derechos a los beneficios establecidos en dicho convenio. Además, se les insta a reclamar los haberes pendientes de cobro que correspondan a la agente fallecida.

¿Cómo Proceder?

La tramitación de estos derechos implica contactarse directamente con la División Gestión Financiera de la Aduana a través de los correos electrónicos específicos proporcionados. Los interesados deberán aportar toda la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con Liliana Patricia García. En muchos casos, esto incluirá la presentación de la declaratoria de herederos, un paso legal indispensable para formalizar la sucesión de los bienes y derechos de la persona fallecida.

Este tipo de avisos, aunque de naturaleza administrativa y rutinaria en el ámbito estatal, es de vital importancia para garantizar la protección social y económica de las familias de los trabajadores. Para los ciudadanos comunes, esto subraya la necesidad de estar al tanto de los derechos laborales y previsionales, especialmente en situaciones de pérdida familiar. Es un recordatorio de que, incluso en momentos de duelo, hay trámites burocráticos que deben ser atendidos para asegurar los beneficios que corresponden por ley.

"En la burocracia estatal, incluso el dolor tiene un protocolo: la familia de Liliana Patricia García debe moverse rápido para asegurar sus derechos."

Para futuras actualizaciones o situaciones similares, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las publicaciones del Boletín Oficial y, ante cualquier duda, buscar asesoramiento legal o gremial para asegurar el cumplimiento de sus derechos.