Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía le cerró la puerta a un reclamo millonario por intereses de mora de la firma Sudex. La licitación de mobiliario para el ex Ministerio de Industria se convierte en un caso testigo de la intransigencia estatal.
En una decisión que resonará en el sector empresarial, el Ministerio de Economía, bajo la firma de Luis Andrés Caputo, rechazó de plano el reclamo administrativo previo de la empresa Sudex Argentina S.R.L. (CUIT 30-70804169-2) por intereses de mora en el pago de una factura de 17.685.000 pesos. La firma había presentado este reclamo por una supuesta demora en el pago de la Factura N° 00003-00000591, emitida tras una licitación pública para la adquisición de mobiliario para el edificio de la ex Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.
El argumento del Ministerio es tajante: los pliegos de bases y condiciones de la Licitación Pública N° 315-0008-LPU22 establecían claramente que el organismo "no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en la oferta", y que "Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles". Además, se subraya que la presentación de la oferta implicaba el "pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas" por parte del oferente.
"La firma Sudex Argentina S.R.L. aceptó las pautas y condiciones de la contratación al momento de efectuar su oferta... no pudiendo luego alegar su desconocimiento."
Esta resolución es un recordatorio contundente del poder exorbitante del Estado en sus relaciones contractuales. No se trata de un contrato entre privados, sino de un vínculo jurídico donde el interés público prevalece y las condiciones son innegociables una vez aceptadas. Para Sudex, esto significa que deberá asumir el costo de la espera sin compensación alguna, a menos que decida escalar el conflicto a la sede judicial, para lo cual tiene un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales.
La medida sienta un precedente importante para todas las empresas que contratan con el Estado: la letra chica de los pliegos es ley, y cualquier expectativa de cobro de intereses por mora debe estar explícitamente acordada o será denegada. Un golpe para la liquidez de proveedores y una señal de que el Ministerio de Economía está firme en su política de no ceder un centavo más allá de lo estrictamente pactado.
