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El Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) le bajó el pulgar a EDEN S.A., rechazando su intento de zafar de la responsabilidad por un corte de luz en Baradero en 2019, alegando 'fuerza mayor' por un robo. ¡Los usuarios no son los culpables de la inseguridad!
En un fallo que reafirma la responsabilidad de las distribuidoras eléctricas, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) ha rechazado el recurso de revocatoria presentado por la Empresa Distribuidora de Energía Norte Sociedad Anónima (EDEN S.A.). La compañía buscaba eximirse de culpa por una interrupción del servicio ocurrida el 26 de septiembre de 2019 en Baradero, alegando que el corte fue producto de un robo de instalaciones en un predio privado de INGREDION S.A., calificándolo como "caso fortuito o fuerza mayor".
EDEN S.A. argumentó que el evento fue ajeno a su control, imprevisible e irresistible, y que había tomado medidas preventivas como el cerramiento perimetral y la vigilancia. Incluso, destacó la "acuciante situación de inseguridad" que afecta al país. Sin embargo, el OCEBA fue categórico: la distribuidora no logró acreditar que el accionar de terceros constituyera una fuerza mayor que la exima de responsabilidad. El organismo recordó que las causales de fuerza mayor se asocian a eventos de "grandes impactos o catástrofes", no a la falta de previsión en el "Deber de Vigilancia" de sus propias instalaciones.
Además, el OCEBA enfatizó que, si bien la empresa puede iniciar acciones penales contra los responsables del robo, esto no la exime de su responsabilidad objetiva por el perjuicio causado a los usuarios. La Ley 11.769 y el Contrato de Concesión obligan a las empresas a prestar un servicio con niveles de calidad y a asegurar la provisión y disponibilidad del suministro. El impacto lo sufrieron los usuarios, y la distribuidora debe responder.
"El OCEBA envía un mensaje claro: la inseguridad no puede ser la excusa para desentenderse de la calidad del servicio. Las empresas deben garantizar la continuidad del suministro, y la responsabilidad recae sobre ellas."
Para los ciudadanos, esta resolución es vital. Significa que, incluso frente a hechos delictivos, las empresas deben responder por las interrupciones del servicio. No podemos ser rehenes de la falta de seguridad ni de la desidia empresarial.
