EDUCACIÓN Y JUSTICIA BAJO LA LUPA: Consejos Escolares y la Suprema Corte en acción

El Boletín Oficial de hoy revela movimientos importantes en áreas tan sensibles como la educación y la justicia en la provincia de Buenos Aires. Los Consejos Escolares y la Suprema Corte de Justicia están activando mecanismos para cubrir necesidades urgentes, lo que implica un flujo de fondos significativo.

El Consejo Escolar de Chascomús inició una licitación de pliegos, con un costo de $50.000, para un proceso que culminará el 6 de marzo de 2026. Más impactante es la Contratación Directa N° 7/2026 del Consejo Escolar de Monte, que destinará $119.359.995,00 para el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense (MESA), garantizando la alimentación en establecimientos educativos de San Miguel del Monte durante marzo, abril y mayo de 2026. Este programa es crucial para miles de chicos y es una medida de alto impacto social.

En la misma línea de alimentación escolar, la Municipalidad de La Costa también llama a dos Licitaciones Públicas (Nº 1/2026 y Nº 2/2026) para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), con aperturas programadas para el 20 de marzo de 2026. Aunque el valor del pliego es de $10.000, la importancia del servicio es innegable.

Por otro lado, el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), aunque no directamente de salud, busca modernizarse con una Licitación Pública para la puesta en valor de tres ascensores públicos y su mantenimiento integral en su Sede Central, con apertura el 5 de marzo de 2026, mostrando la necesidad de mantener la infraestructura operativa.

La Suprema Corte de Justicia, a través de su Secretaría de Administración, lanzó tres Pedidos Públicos de Ofertas para la compra y/o locación de inmuebles. Se buscan edificios en General Belgrano para un Juzgado de Paz Letrado, en Mercedes para el Archivo Departamental, y en Moreno - General Rodríguez para dependencias judiciales y el Juzgado de Familia N° 2. Las ofertas, todas digitales, se recibirán hasta el 20 de marzo de 2026. Esto evidencia la expansión y reestructuración de la infraestructura judicial para mejorar el acceso a la justicia en distintas localidades.