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El Instituto Nacional de Semillas dio luz verde a variedades genéticamente modificadas de soja, girasol y una innovadora especie de peral. ¿Se viene la próxima revolución verde o un nuevo debate sobre la biotecnología?
El Instituto Nacional de Semillas (INASE), bajo la órbita del Ministerio de Economía, ha sacudido el tablero agropecuario con la inscripción de varias creaciones fitogenéticas de alto impacto. Estas resoluciones no son un mero trámite: marcan la pauta de la innovación y la dirección que toma la producción agrícola en Argentina.
La gigante SYNGENTA CROP PROTECTION AG, representada por Griselda Natalia Noé, ha logrado la inscripción de dos nuevas variedades de soja genéticamente modificada: 4024 STS NS y 47x24 E STS NK. Esto significa que los productores argentinos tendrán acceso a semillas con características mejoradas, probablemente en resistencia a herbicidas o plagas, lo que puede traducirse en mayores rendimientos y una simplificación del manejo de cultivos. El girasol no se queda atrás, con la aprobación de cuatro nuevas variedades de Syngenta: B84IMIHODM, FL142510B, RL163003 y B89IMI.
Para el sector agrícola, estas aprobaciones son un disparador de productividad. Permiten a las empresas de semillas recuperar su inversión en investigación y desarrollo a través de la propiedad intelectual, y a los agricultores acceder a tecnología que mejora la competitividad del sector.
Pero la noticia no se limita a los grandes cultivos. La firma AGROSCOPE, representada por LOS ALAMOS DE ROSAUER S.A., obtuvo la inscripción de una nueva creación fitogenética de peral denominada CH 201. Esta es una excelente noticia para la fruticultura, un sector que busca constantemente nuevas variedades que ofrezcan mejor calidad, mayor resistencia a enfermedades o condiciones climáticas adversas, y una vida útil más prolongada para la exportación.
Estos avances se enmarcan en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Las implicaciones son claras: por un lado, se fomenta la inversión privada en biotecnología y genética vegetal. Por otro, reaviva el debate sobre el control de las semillas y la soberanía alimentaria, aunque en este caso, el foco está en la protección de la propiedad intelectual de las innovaciones.
Para los agricultores, significa la posibilidad de acceder a herramientas que pueden optimizar sus cosechas y, para el consumidor, una potencial mejora en la calidad y variedad de productos disponibles. Estar al tanto de estas aprobaciones es fundamental para entender hacia dónde va la producción de alimentos en el país.
