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La Secretaría General de la Presidencia de la Nación distribuye mercadería de rezago aduanero a diversas entidades estatales y municipales. ¿Un salvavidas social o una gestión de bienes que genera polémica?
La Ley Nº 25.603, esa herramienta clave para el destino de mercaderías incautadas en la aduana, vuelve a ser protagonista en el Boletín Oficial. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha dispuesto la cesión sin cargo de una montaña de bienes de rezago aduanero, desatando un debate sobre la eficiencia y el impacto de estas transferencias.
En un movimiento que busca dar utilidad a lo que el Estado confisca, se han formalizado tres importantes cesiones:
Un punto crucial de la Ley Nº 25.603 es el artículo 13, que prohíbe terminantemente la comercialización de estos bienes por parte de los beneficiarios por un plazo de CINCO (5) años desde su recepción. Esta cláusula busca evitar desvíos y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, aunque siempre queda la duda sobre los controles efectivos. Los organismos receptores tienen DIEZ (10) días para informar el retiro y NOVENTA (90) días hábiles para confirmar el inventario. De lo contrario, la cesión se considera rechazada. ¿Será esta la vía para una gestión más transparente o un mero formalismo?
Estas disposiciones, aunque rutinarias en su formato, exponen la compleja dinámica de cómo el Estado argentino intenta reutilizar los bienes incautados. ¿Es una solución efectiva para las carencias o un recordatorio de la ineficiencia de otros sistemas de asistencia?
