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En un gesto de 'solidaridad' con lo que sobra, la Secretaría General de la Presidencia cede bienes de rezago aduanero al Ministerio de Salud y a una fundación de Formosa. ¿Una solución ingeniosa o un parche a la escasez en sectores vulnerables?
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría General de la Presidencia, ha decidido dar un destino social a mercaderías incautadas o en desuso de la Aduana, conocidas como rezago aduanero. En dos resoluciones distintas, la administración cede estos bienes al Ministerio de Salud de la Nación y a la Fundación Vivir Mejor de Formosa, buscando aliviar necesidades en sectores vulnerables y dándole una utilidad a lo que, de otra forma, se acumularía en depósitos fiscales.
La Resolución 25/2025 detalla la cesión de bienes al Ministerio de Salud, en el marco del artículo 5º de la Ley Nº 25.603. Esta normativa permite destinar este tipo de mercaderías para el cumplimiento de actividades estatales. La intervención de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en el proceso sugiere que los bienes podrían incluir productos médicos o relacionados con la salud, elementos siempre críticos en la infraestructura sanitaria del país. El Ministerio ahora tiene un plazo de diez días para informar la fecha estimada de retiro de la mercadería del Servicio Aduanero y noventa días hábiles para confirmar el inventario o, en su defecto, rechazar lo que no considere apto. Una medida que, aunque no resuelve problemas estructurales, sí puede brindar un respiro a las arcas públicas de salud.
Por su parte, la Resolución 26/2025 beneficia directamente a la Fundación Vivir Mejor, de la Provincia de Formosa, con bienes que, según el artículo 4º de la misma ley, son “alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos”. Esta cesión está explícitamente dirigida a “personas en situación de vulnerabilidad y a las comunidades originarias” de la provincia, poniendo el foco en la asistencia social directa. Es importante destacar la prohibición de comercializar estos bienes por un plazo de cinco años, garantizando que lleguen a quienes realmente los necesitan. La ANMAT ya intervino para determinar la aptitud de los bienes, confirmando su idoneidad para ser cedidos como artículos de primera necesidad. Estas acciones, si bien son administrativas, tienen un impacto directo en la asistencia social y la salud pública, utilizando recursos que ya estaban en manos del Estado para fines de bienestar general. Es una forma de darle un giro positivo a lo que, de otro modo, sería solo un cúmulo de bienes incautados.
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