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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desafecta del "Programa Arraigo" y autoriza la subasta pública de cuatro inmuebles estratégicos en la Ciudad de Santa Fe, con un valor base superior a los USD 58.000, abriendo el juego a inversores privados y buscando optimizar el patrimonio estatal.
La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) ha puesto en marcha un ambicioso plan de desprendimiento de inmuebles estatales en la Ciudad de Santa Fe. Mediante las Resoluciones 23/2026 y 25/2026, la AABE desafecta del "Programa Arraigo" y autoriza la subasta pública de cuatro parcelas estratégicas ubicadas en calles Miguel de Azcuénaga y Dorrego, con una superficie total aproximada de 854,86 m² (dos lotes de 427,43 m² cada uno), con un valor venal que supera los USD 58.127 por cada bloque de dos parcelas, según el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
La decisión se enmarca en la política del Poder Ejecutivo Nacional de "hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal", destinando los bienes inmuebles a la "planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas" o, en este caso, a la venta para generar recursos. Estos terrenos, que alguna vez formaron parte del "Programa Arraigo" para la regularización dominial de tierras fiscales a favor de familias de escasos recursos, fueron declarados "innecesarios" para dicho programa, abriendo la puerta a su comercialización en el mercado privado.
Las subastas se realizarán bajo el procedimiento de Subasta Pública N° 392-0018-SPU26 y N° 392-0025-SPU26, a través del sistema electrónico "SUBAST.AR". Esto representa una oportunidad para inversores y desarrolladores inmobiliarios en Santa Fe, que podrán adquirir propiedades en ubicaciones urbanas. Para la provincia y el municipio, podría significar la dinamización de zonas y la posibilidad de nuevos proyectos que generen empleo y movimiento económico. Sin embargo, para aquellos que defendían el uso de estas tierras para programas sociales, la desafectación del "Programa Arraigo" podría ser vista como una renuncia a una política de acceso a la tierra para los más vulnerables. Los recursos obtenidos, deducidos los gastos, se afectarán conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 1.382/12. Los ciudadanos interesados en el mercado inmobiliario o en el destino de los bienes públicos deben estar atentos a los pliegos de bases y condiciones de estas subastas.
