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En medio de la austeridad, el Ministerio de Defensa desata una ola de bonificaciones por "desempeño destacado" para el personal de planta permanente. ¿Quiénes son los elegidos y qué criterios se usaron? Un reparto que genera polémica.
Mientras el país ajusta sus cinturones, el Ministerio de Defensa, bajo la gestión de Luis Petri, ha dado a conocer la lista de los 'elegidos' que recibirán la codiciada Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente al período 2022. La Resolución 606/2025, firmada por el Ministro, aprueba este listado de agentes de planta permanente que han sido considerados 'destacados' en sus funciones ejecutivas.
Esta bonificación, establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público), está limitada a hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del personal evaluado en cada Jurisdicción o Entidad descentralizada. Un porcentaje que, si bien suena selectivo, siempre genera interrogantes sobre la transparencia y equidad de los criterios aplicados.
El texto menciona que los veedores sindicales ejercieron su rol y expresaron conformidad en un Acta de Veeduría Gremial fechada el 6 de mayo de 2025. Esto, en teoría, debería garantizar un proceso más justo y transparente, pero la falta de detalles sobre los nombres de los beneficiados en la resolución publicada (el anexo se publica aparte en la web del BORA) deja un velo de misterio sobre quiénes son los verdaderos 'héroes del desempeño'.
Para el ciudadano común, la noticia de bonificaciones en el sector público siempre resuena. ¿Es un gasto justificado? ¿Los criterios de evaluación son estrictos y objetivos? En un contexto de revisión del gasto estatal, estas erogaciones, aunque presupuestadas, siempre son objeto de análisis. El costo de esta medida se imputará a las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa para el ejercicio 2025. La Oficina Nacional de Empleo Público y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública intervinieron, lo que sugiere un proceso administrativo formal, pero la pregunta sobre la eficacia real de estos incentivos y su impacto en la productividad sigue abierta.
Esta medida, si bien busca reconocer el mérito, también alimenta la discusión sobre la meritocracia en la administración pública argentina y si estos premios realmente se traducen en una mejora sustancial en los servicios que el Estado brinda a la sociedad.
