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Un aluvión de avisos oficiales sacude el Boletín, revelando la implacable persecución de la AFIP contra infracciones aduaneras en Neuquén, Posadas y Río Grande. Decenas de individuos enfrentan sumarios, condenas y el pago de fortunas en tributos y multas. ¿Quiénes son los implicados y qué se esconde detrás de esta ofensiva fiscal?
El Boletín Oficial estalló con una serie de notificaciones que revelan la mano dura de la AFIP en la lucha contra el contrabando y las infracciones aduaneras a lo largo y ancho del país. Desde Neuquén hasta Posadas, pasando por Río Grande, las Aduanas están pisando el acelerador, instando sumarios contenciosos y dictando condenas que implican el pago de millones de pesos y miles de dólares en tributos y multas.
Al menos 29 individuos fueron expuestos públicamente, algunos ya condenados y otros citados a presentar sus defensas. Entre ellos, Nelson José BURGOS, condenado previamente por encubrimiento de contrabando, ahora intimado a pagar más de U$S 3.400 y $478.000 en Neuquén. En Posadas, una lista interminable de nombres, como Fernando HIDALGO, José Miguel VIERA, Ángel Gabriel BENITEZ y muchos más, enfrentan multas que van desde los $22.000 hasta más de $1.4 millones, con algunos sumando más de U$S 800 en tributos. La Aduana de Río Grande no se queda atrás, con Luciana MORALES, Claudia Alejandra TOLEDO, Lucas Miguel JUAN, Carlos Abel GUAJARDO PEREZ, Nicolás JUAN, José Luis AMARILLA, Walter Federico JUAN y Miguel Ángel Ceferino VILLA, quienes deben afrontar pagos que superan los $500.000 y los U$S 5.600 en algunos casos, principalmente por infracciones relacionadas con la importación irregular de vehículos (rodados).
Estas publicaciones no son un mero trámite. Son la advertencia pública de que la Aduana está cerrando el cerco. Los implicados, muchos de ellos bajo los artículos 870, 874, 876, 886, 977, 985, 986 y 987 del Código Aduanero, se enfrentan a:
“Este es un mensaje claro para quienes intentan eludir los controles: la Aduana está activa y los costos de la evasión son altísimos”, señaló un analista cercano a la AFIP.
Si su nombre aparece en estas listas, es CRÍTICO actuar de inmediato. Se otorga un plazo perentorio (diez a quince días hábiles) para presentarse, evacuar defensas, ofrecer pruebas y constituir domicilio legal. También se les recuerda la obligatoriedad de contar con patrocinio letrado en actuaciones con cuestiones jurídicas. Existen opciones de apelación ante la Justicia Federal o el Tribunal Fiscal de la Nación.
Este despliegue de notificaciones subraya la presión del Estado para asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera, impactando directamente en la economía informal y en el flujo de bienes en las fronteras. El monto total de las intimaciones y condenas supera los $10.5 millones de pesos y los U$S 17.700 dólares, una cifra que grafica la magnitud de las operaciones detectadas.
