Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Secretaría de Industria y Comercio detalla cómo se acreditará el 'origen nacional' y los criterios para insumos importados, marcando el camino para proveedores locales y grandes proyectos de inversión.
La Ley de Bases y su famoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya tienen sus letras chicas más claras. La Resolución 19/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio es un documento clave que define cómo se jugará en el terreno de la industria nacional y las grandes inversiones.
Lo más picante es la metodología para determinar el origen nacional de los bienes. Para que un producto sea considerado "nacional" y provisto a un Vehículo de Proyecto Único (VPU), deberá contar con un Certificado de Origen ad hoc para el RIGI, emitido por entidades habilitadas y con una validez de dos años. Esto es fundamental para los proveedores locales que busquen insertarse en la cadena de valor de los mega proyectos.
Además, la resolución aclara cómo se acreditará que los insumos o bienes intermedios importados por proveedores adheridos al RIGI han sido sometidos a un proceso de transformación sustancial en Argentina. Se requerirá un "salto de partida" arancelaria o el cumplimiento de otros criterios de origen del MERCOSUR o ALADI. Esto busca incentivar la agregación de valor local y evitar que el RIGI se convierta en una mera plataforma de importación.
La medida también establece que los bienes de capital (BK) y de informática y telecomunicaciones (BIT) importados por proveedores de servicios bajo el RIGI deberán estar identificados en los documentos comerciales. Y ojo al dato: se define un porcentaje mínimo de importaciones que podrá realizar un proveedor del RIGI respecto a su facturación total, con factores multiplicadores que varían según el tiempo de la relación contractual (0,7 el primer año, 1,2 después).
Esto es una hoja de ruta vital para los grandes inversores (VPU) y, sobre todo, para las empresas locales que aspiren a ser sus proveedores. Se busca un equilibrio entre atraer capital y fomentar la industria nacional, pero la complejidad de las reglas de origen siempre será un desafío para la burocracia y la transparencia. La implementación se hará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y se coordinará con la Dirección General de Aduanas (ARCA).
