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Un vistazo a las intrincadas leyes de procedimiento administrativo que sustentan cada movimiento del Gobierno, revelando el complejo entramado legal que permite dictar medidas en la Provincia.
¡Atención, ciudadanos! Mientras los titulares suelen centrarse en las medidas concretas que impactan en nuestro día a día, este artículo del Boletín Oficial nos invita a mirar detrás de escena, al verdadero motor legal que permite al Estado operar. No se trata de una nueva medida, sino de la invocación del andamiaje jurídico que habilita cada acción gubernamental, desde la más simple hasta la más trascendente.
Aquí se citan las bases legales que rigen el procedimiento administrativo en la Provincia, un conjunto de normas que, aunque suenen técnicas, son el corazón de la relación entre el ciudadano y la administración pública. Estamos hablando de la Ley N° 16.378/57 y el Decreto Ley N° 7647/70, junto a sus actualizaciones (Leyes N° 13.262, 13.708, 14.224 y 14.229). ¿Qué significa esto? Que cada permiso, cada sanción, cada resolución que emana del Estado Provincial debe ajustarse a estas reglas del juego.
Su relevancia radica en que definen cómo se toman las decisiones, garantizando (en teoría) la legalidad y la transparencia en los actos de gobierno. Sin estas normas, el funcionamiento del Estado sería un caos. Para el ciudadano común, entender que estas leyes existen y rigen es crucial: son la primera línea de defensa ante cualquier arbitrariedad administrativa y la vía para ejercer derechos y recursos. Es el esqueleto invisible que sostiene el poder. Estar atento a estas referencias es fundamental para comprender el marco de acción del gobierno y las posibilidades de los afectados.
14 de enero de 2026
25 de noviembre de 2025
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