Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno extiende la emergencia energética hasta fines de 2027 y, en un giro audaz, busca privatizar la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) que hasta ahora manejaba ENARSA. Se fija un precio máximo, pero la movida genera incertidumbre sobre el abastecimiento y la competencia.
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un golpe de timón en la política energética con el Decreto 49/2026, prorrogando la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero la medida va mucho más allá de una simple extensión: sienta las bases para una desregulación profunda en la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL), un sector clave para el abastecimiento invernal del país.
Hasta ahora, ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) era el único importador de GNL para el mercado interno. El Gobierno, en una crítica explícita a la gestión estatal, argumenta que esta intervención "no ha dado los resultados esperados" y ha sido "incapaz de dar una solución eficiente". Por eso, se busca reemplazar la comercialización estatal por un esquema privado y competitivo.
La decisión surge ante la persistente falta de capacidad de transporte de gas natural, que impide abastecer simultáneamente la demanda interna y las exportaciones, especialmente en invierno. Las obras de infraestructura necesarias recién estarían operativas en 2027, lo que hace que la importación de GNL sea "crítica para la seguridad energética" del país.
La polémica no tardará en llegar. Aunque el decreto autoriza a importadores de GNL privados a acceder a la infraestructura de regasificación existente (actualmente, solo operativa la terminal de Escobar), reconoce que las características de esta terminal requieren una operación coordinada y unificada. Esto, sumado a la existencia de una sola instalación en funcionamiento, lleva al Gobierno a establecer un precio máximo para la venta en el mercado interno del GNL regasificado durante los próximos dos inviernos.
Este precio no podrá ser superior a un marcador internacional, más un valor en dólares por millón de BTU para cubrir flete, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte. La determinación de este valor surgirá de un procedimiento de selección competitivo. Pero, ¡atención!, si ese proceso fracasa, ENARSA se hará cargo directamente de la importación y venta, una contradicción que no pasa desapercibida y que genera dudas sobre la verdadera intención de desregulación.
Esta es una medida de urgencia y necesidad (DNU), que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Para los ciudadanos, la clave estará en si este cambio se traduce en un abastecimiento más eficiente y a precios razonables, o si la "competencia" se diluye en un esquema dominado por pocos actores. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, con la tarea de dictar las normas complementarias y asegurar la transición.
