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El Ente Nacional de Comunicaciones declaró la caducidad de múltiples autorizaciones, afectando a empresas, organismos públicos y particulares en todo el país. ¿Quiénes son los damnificados por esta limpieza del espectro y qué implica para el futuro de las comunicaciones?
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) no se anda con chiquitas y ha dado un golpe de timón en el dial. A través de tres edictos de notificación publicados en el Boletín Oficial (artículos 7544, 7543 y 7546), se declararon caducas numerosas autorizaciones radioeléctricas, dejando a un tendal de operadores sin su permiso para transmitir.
La lista es larga y variopinta, abarcando desde empresas como URBANTEC S.A., TV5 CALAFATE VIDEO CABLE S.A., AGRO LA MALEVA S.R.L., AGENCIA DE INVESTIGACIONES RAYO S.R.L., MAYPAPEZ S.R.L., NAVIERA SCAN S.A., PESQUERA DEL BEAGLE S.A., PESQUERA DON BLAS S.A., PETRO TRADER S.A., hasta organismos públicos como la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE MENDOZA, el MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES GOBIERNO STA CRUZ, el MIN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA, la MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA, la MUNICIPALIDAD DE SANTA FE y el OBISPADO DE CRUZ DEL EJE. También figuran muchísimos particulares, lo que demuestra el amplio espectro de esta medida.
Esta decisión implica la pérdida de la validez de las autorizaciones que permitían a estas entidades y personas operar frecuencias radioeléctricas. ENACOM ordenó a sus dependencias competentes asentar en los registros esta caducidad, lo que se traduce en un cese legal de sus operaciones. La notificación se realiza conforme a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Decreto Nº 1.759/72 T.O.2017. El Interventor del ENACOM, Juan Martín OZORES, firmó estas resoluciones, que datan del 13/08/2024 y 02/06/2025 respectivamente.
La caducidad de estas licencias puede deberse a diversos motivos, como la falta de cumplimiento de requisitos técnicos, administrativos, o de pago de tasas. Para los afectados, significa el fin de su actividad en el espectro radioeléctrico, con la consecuente pérdida económica y operativa. Para el ENACOM, es una medida de ordenamiento y regularización del espectro, buscando liberar frecuencias o asegurar que solo operen quienes cumplen con la normativa. Aunque son actos administrativos rutinarios, la cantidad de involucrados los convierte en un tema de alta relevancia para el sector de comunicaciones y para la transparencia en el uso de un recurso público esencial como el espectro radioeléctrico. Los ciudadanos comunes podrían ver cambios en la disponibilidad de ciertos servicios o emisoras locales.
