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El Ministerio de Seguridad Nacional sigue apostando a las designaciones transitorias. Dos resoluciones prorrogan cargos clave en la Caja de Retiros de la Policía Federal y en Migraciones, una de ellas con "autorización excepcional" por no cumplir requisitos. ¿La estabilidad es un lujo en el Estado?
El Ministerio de Seguridad Nacional ha publicado dos resoluciones que ponen de manifiesto la complejidad y, a veces, la precariedad de la gestión de recursos humanos en el sector público. Se trata de prórrogas de designaciones transitorias que, lejos de ser excepcionales, parecen ser la norma.
La Resolución 262/2026 prorroga, a partir del 11 de abril de 2026 y por 180 días hábiles, la designación de la abogada Dalia Alina YILDIZ (D.N.I. N° 24.564.257) como Directora de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL. La razón esgrimida es que "por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección" para cubrir el cargo de forma permanente. Una constante que se repite en muchos organismos del Estado, dejando en evidencia la dificultad para institucionalizar los nombramientos y asegurar la meritocracia a largo plazo. El gasto, aclaran, se atenderá con partidas específicas ya asignadas.
Más llamativa aún es la Resolución 270/2026, que prorroga, a partir del 25 de septiembre de 2025 y por 180 días, la designación de Leonardo Oscar RICCI (D.N.I. N° 27.947.579) como Director de Contrataciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Lo escandaloso es que esta prórroga se concede con "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" establecidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Esta "excepción" plantea serias preguntas sobre los estándares de idoneidad para cargos clave y la transparencia en la administración pública. Si un funcionario no cumple con los requisitos mínimos, ¿qué garantiza su correcta función en un área tan sensible como contrataciones? Ambos casos reflejan una tendencia preocupante en la administración, donde la transitoriedad y las excepciones se vuelven moneda corriente, afectando la estabilidad y la calidad de los cuadros estatales.
