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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) despliega una serie de contrataciones clave: desde la modernización de su centro de datos por miles de dólares, pasando por el combustible de su flota hasta un impactante servicio de seguridad de $400 millones para sus oficinas. ¿Hay un agujero negro de gastos o pura eficiencia?
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) ha agitado el avispero administrativo con tres resoluciones que, si bien son de carácter contractual, revelan el pulso de la gestión estatal y el destino de importantes fondos públicos. Estas adjudicaciones y llamados a licitación, aunque rutinarios, nos permiten asomarnos a las prioridades y el gasto corriente de un organismo clave.
La Resolución Sintetizada 46/2025 anuncia la adjudicación a la firma TECNICONS S.R.L. de una licitación pública por U$D 39.000 (IVA incluido) para el desmontaje, traslado, actualización y recableado del Centro de Procesamiento de Datos del propio ERAS. Este movimiento es crucial para la modernización tecnológica del ente, garantizando la continuidad y eficiencia de sus operaciones internas. El pago se hará en moneda nacional, calculando el monto al tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina, una cláusula que siempre genera expectativas en un país con volatilidad cambiaria.
La Resolución Sintetizada 47/2025 le otorga a EDENRED ARGENTINA S.A. una contratación directa por hasta $12.000.000 (IVA incluido) para un servicio prepago de provisión de combustible (Ticket Car) por DOCE (12) meses. Esta medida busca optimizar la administración y reducir los gastos de la flota de vehículos oficiales del ERAS. En tiempos de ajuste, la eficiencia en el gasto de combustible es un punto sensible que los ciudadanos monitorean con lupa.
La Resolución Sintetizada 48/2025 es la más llamativa por su magnitud. Se autoriza un llamado a licitación pública para contratar un servicio de seguridad, control y vigilancia para el edificio de Avenida Callao N° 976/982, donde funcionan ERAS y la Agencia de Planificación (APLA). El presupuesto mensual es de $25.000.000 (IVA incluido), lo que asciende a una suma total de $400.000.000 (IVA incluido) por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga. Este monto millonario para la seguridad de un edificio público resalta la preocupación por la protección de bienes y personal, pero también genera interrogantes sobre la magnitud de la inversión en este tipo de servicios.
Implicaciones: Estas decisiones de gasto, aunque administrativas, son un reflejo de las necesidades operativas de los organismos estatales. La inversión en tecnología y seguridad es fundamental, pero la ciudadanía espera transparencia y eficiencia en cada peso gastado. El llamado a licitación para la seguridad, en particular, destaca por su abultado presupuesto, abriendo el debate sobre la justificación de tales erogaciones en un contexto de recursos limitados.
