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Una serie de edictos del Tribunal Fiscal de la Nación revela la intrincada madeja de apelaciones, revocaciones parciales de multas y millonarios honorarios judiciales, dejando al descubierto la eterna batalla entre contribuyentes y el Estado.
El Boletín Oficial de hoy nos trae un popurrí de resoluciones del Tribunal Fiscal de la Nación, que aunque parezcan meros trámites, dibujan un panorama de constantes litigios fiscales y aduaneros. Desde la Sala D, se dictaminó en el caso de "Centro Privado de Medicina Integral PRIMEC SRL", revocando parcialmente una resolución de la AFIP y confirmándola en otra parte, incluso ordenando una nueva liquidación en 30 días. ¡Un tira y afloja que demuestra la complejidad de la normativa fiscal argentina!
Pero el plato fuerte viene de la Sala G, que reguló honorarios profesionales en el caso "ALCARAZ HECTOR DIMAS Y OTRO C/DGA". Aquí, los abogados Alfredo Ernesto Abarca y Juan Luciano Abarca se llevan sumas considerables ($25.600 y $65.700 respectivamente), a cargo de la Dirección General de Aduanas. ¡Mientras tanto, los letrados del Fisco Nacional, Hernán M. Iampolsky y Daiana Soledad Conde, también cobran lo suyo, sumando más de $270.000 a cargo de la parte actora! Esto subraya los altos costos de la justicia fiscal y aduanera en nuestro país, donde ganar o perder puede significar un desembolso importante en honorarios.
La Sala D también publicó un edicto para notificar al síndico de la quiebra de Copriser S.R.L., el Cdor. Andrés Drzewko, un recordatorio de que las empresas en problemas siguen lidiando con el andamiaje judicial. Finalmente, desde la Sala C, se fijaron honorarios para profesionales del Fisco en el caso "EL PARANÁ CONSTRUCCIONES S.R.L.", sumando casi $32.000 a cargo de la constructora. Y, por si fuera poco, a Eduardo Enrique Palacio se le intimó a pagar $3.847,14 en concepto de tasa de actuación, tras oponerse sin éxito.
Estos avisos oficiales, aunque técnicos, son un espejo de las fricciones constantes entre el sector privado y los organismos recaudadores, donde cada resolución, cada honorario, y cada liquidación impacta directamente en las finanzas de empresas y ciudadanos. La lentitud y el costo de estos procesos siguen siendo un lastre para la economía real.
