Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
En medio de la reestructuración del ENACOM, una empresa consigue un aumento del 352,8% en su presupuesto para un proyecto de internet en barrios populares. ¿Inflación imparable o reacomodo de cifras en la era de la desregulación? Un verdadero cimbronazo en los fondos públicos.
La Resolución 1494/2025 del ENACOM ha encendido las alarmas: se aprobó una adecuación del 352,80% en el presupuesto de un proyecto de infraestructura de internet para barrios populares, beneficiando directamente a la firma MORA CERO S.A.. Esto significa que el monto original de $349.801.840 ha sido ajustado con $375.341.727 adicionales, elevando el total a la friolera de $725.143.567 en Aportes No Reembolsables (ANR).
Este ajuste, que abarca el período de julio de 2023 a octubre de 2025, se da en un contexto de profunda redefinición del Servicio Universal. El propio artículo menciona la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal por Decreto N° 6/2025, aunque se mantiene la obligación de aportes y su administración ahora recae directamente en el ENACOM.
Mientras el ENACOM desmantela decenas de programas y convocatorias (como vimos en la Resolución 1493/2025), la continuidad y el megareajuste de este proyecto específico genera preguntas. ¿Es una señal de que ciertos proyectos estratégicos continuarán bajo un nuevo esquema, o un ejemplo de cómo la inflación carcome los presupuestos estatales, necesitando readecuaciones extraordinarias? La gran contradicción radica en el contraste entre el recorte generalizado de programas de conectividad y este ajuste exponencial para un solo proyecto.
La resolución se ampara en los "lineamientos aplicables para la adecuación de los presupuestos" aprobados por una resolución anterior (ENACOM N° 1860/2022), lo que indica que el procedimiento tiene un marco legal. Sin embargo, la magnitud del ajuste y el momento en que se produce, con el ENACOM intervenido y redefiniendo su rol, lo convierten en una noticia de alto impacto económico y político. Los vecinos de los barrios populares beneficiados, si el proyecto avanza, verán una mejora en su conectividad, pero el costo para el erario público se disparó. Es crucial para los ciudadanos entender que, aunque se hable de desregulación, el gasto estatal sigue siendo un factor clave.