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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires implementa la "Reserva Total" en expedientes electrónicos, prometiendo proteger la intimidad ciudadana, pero levantando interrogantes sobre la transparencia y el acceso a la información.
El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acaba de lanzar una medida que dará que hablar: la Resolución N° 374-MJYDHGP-2026. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la creación de la modalidad de “Trata de Expediente con Reserva Total” en el ya conocido sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA).
El objetivo oficial es "proteger datos personales referidos a la dignidad e intimidad de las personas" y agilizar trámites sensibles. Sin embargo, la letra chica genera dudas sobre la transparencia y el acceso a la información pública.
Con esta movida, se autoriza a la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia a iniciar y carátular expedientes bajo el rótulo “RES0032 - Acceso a la Justicia - RESERVA TOTAL”. Esto implica que solo un puñado de "agentes facultados", designados en un Informe Técnico de Reserva (IFGR), tendrán acceso a esta información. La medida se ampara en la Ley N° 14.828 de modernización de la administración pública y el Decreto N° 37/2020.
“La protección de datos personales referidos a la dignidad e intimidad de las personas deben tener su correlato en la gestión electrónica de expedientes y documentación, circulando con los mismos criterios y políticas de transparencia y restricción, propias del formato papel”, reza la resolución.
Si bien se busca resguardar información delicada, como la vinculada a derechos fundamentales, la decisión de reservar totalmente expedientes en un entorno digital siempre enciende las alarmas. ¿Quién controla a los controladores? ¿Cómo se garantiza que esta "reserva total" no se convierta en un manto de opacidad sobre asuntos que deberían ser de conocimiento público? La ciudadanía y las organizaciones civiles deberán estar atentas a la aplicación de esta nueva herramienta, que podría generar un retroceso en la transparencia gubernamental si no se implementa con estrictos controles externos.
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