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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) ajusta la jurisdicción de Puerto Nuevo, desafectando una codiciada franja de Catalinas sobre la Avenida Madero. ¿Un guiño al mercado inmobiliario o una redefinición estratégica? La polémica está servida.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), flamante autoridad portuaria única del país tras el DNU N° 3/2025, acaba de sentar un precedente explosivo con su Resolución 29/2025. La medida modifica los límites jurisdiccionales del Puerto Nuevo de Buenos Aires, focalizándose en la estratégica franja de Catalinas sobre la Avenida Madero. Esto no es un mero trámite: implica desafectar formalmente una superficie que ya había sido vendida en subasta pública a terceros de buena fe y que, según la propia ANPyN, estaba siendo utilizada para actividades ajenas a la operatoria portuaria, quedando alejada del ámbito portuario y muy próxima al tejido urbano.
La resolución no solo blanquea una situación de hecho –tierras portuarias usadas para otros fines– sino que consolida la capacidad de ANPyN para disponer de bienes del dominio estatal, una atribución reforzada por el DNU 3/2025. Para la sociedad, esto podría significar nuevas oportunidades de desarrollo urbano o inmobiliario en una de las zonas más valiosas de la Ciudad de Buenos Aires, liberando terrenos de la rigidez de la normativa portuaria. Para las empresas que ya adquirieron esos terrenos, es una clarificación jurídica fundamental que les da mayor seguridad sobre sus inversiones. El contexto es la reestructuración del sistema portuario nacional, donde la ANPyN absorbió las competencias de la suprimida Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos S.A.U.
La medida, que entra en vigor de inmediato, genera un gran interrogante: ¿Será esta la primera de muchas redefiniciones en el uso del suelo portuario, abriendo la puerta a proyectos de gran envergadura que hasta ahora estaban frenados por la burocracia y la superposición de jurisdicciones? La ANPyN se posiciona como un actor clave en la gestión del territorio, con facultades de disposición que podrían reconfigurar el mapa urbano y económico de varias ciudades portuarias del país.
22 de enero de 2026
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