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La Presidencia de la Nación rechazó los recursos de reconsideración de EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. e IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. por la controvertida licitación del servicio de limpieza. Ambas empresas quedan con la vía administrativa agotada tras ser desestimadas sus ofertas o impugnaciones por inconveniencia económica y requisitos formales.
La Casa Rosada desató un vendaval de resoluciones que sacudieron el sector de servicios, al rechazar de plano dos apelaciones clave en una licitación pública para el servicio de limpieza integral de sus edificios. Los Decretos 776/2025 y 778/2025, firmados por el Presidente de la Nación, pusieron fin a los reclamos de EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. e IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L., dejando a ambas empresas con la única opción de recurrir a la Justicia.
En el caso de EZCA (CUIT 30-71048086-5), su recurso de reconsideración, interpuesto el 28 de abril de 2025, buscaba revocar la decisión de la Secretaría General de declarar fracasado el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 23-0017-LPU24. ¿El motivo del fracaso? La oferta de EZCA, junto con la de LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT 30-69605181-6), fue considerada económicamente inconveniente, superando los valores de referencia de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) en un alarmante 112% y 67%, respectivamente. El Presidente ratificó que no se aportaron nuevos argumentos para revertir la medida.
Por su parte, IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. (CUIT 30-71000438-9) también vio su recurso jerárquico rechazado. Su presentación, iniciada el 29 de abril de 2025, impugnaba la misma licitación y pedía la suspensión de sus efectos. Sin embargo, la empresa no logró integrar la garantía de impugnación exigida, lo que llevó a que su planteo fuera considerado 'no presentado'. La Administración argumentó que la continuidad del servicio de limpieza es esencial para el funcionamiento de las dependencias presidenciales, priorizando la ejecución del contrato adjudicado a LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por un monto total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ($574.107.438), IVA incluido, por seis meses con opción a prórroga.
"No se advierten nuevos elementos de juicio que conllevaran a revisar o revocar las medidas dictadas." - Decretos Presidenciales.
Ambas decisiones ratifican la postura del Gobierno de mantener la rigurosidad en los procesos de contratación pública, especialmente cuando los valores ofertados exceden los parámetros de referencia o no se cumplen los requisitos formales. Las empresas afectadas, tras agotar la vía administrativa, tienen un plazo de 180 días hábiles judiciales para interponer acciones legales.
