¡ESCÁNDALO EN DEFENSA! Millones en Uniformes Militares y una Licitación Anulada por ERRORES GROSEROS

Una batalla legal de alto voltaje se desata en el corazón del Ministerio de Defensa. La Resolución 1429/2024, firmada por el Ministro Luis Petri, rechaza de plano el recurso de la empresa PERCLES S.A., ratificando la anulación de la Licitación Pública N° 38/15-0168-LPU24. ¿El objetivo? Adquirir el servicio de confección de uniformes de Combate Naval/Polivalente para nuestra Armada Argentina. Pero el proceso, valorado en millones, se cayó por lo que el propio Ministerio califica como "falencias involuntarias" en el pliego.

Los Errores que Hunden la Licitación

La Dirección de Abastecimientos de la Armada había dejado sin efecto la licitación por tres motivos principales, que ahora el Ministro ratifica:

• Falta de muestras: No se exigió a los oferentes la presentación de muestras para análisis técnico de confección, algo "imprescindible" para asegurar la calidad, dado que la tela y los insumos los provee la Armada.
• Ausencia de garantía: Se omitió solicitar una garantía o aval financiero por el material (tela, hilos, botones) que la Armada entrega a la empresa confeccionista. Un riesgo patrimonial considerable para el Estado.
• Criterio de evaluación incompleto: El pliego no consideraba la cantidad de tela e insumos a utilizar, un factor clave para optimizar costos y recursos públicos.

PERCLES S.A., la empresa recurrente (CUIT N° 30-65912416-1), argumentó que estos requisitos eran "insignificantes" e "innecesarios", y que la anulación era "arbitraria y un desvío de poder". Incluso sugirió que la nueva licitación, con los mismos objetivos pero con precios ya conocidos, podría implicar un mayor gasto para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, respaldado por la Procuración del Tesoro de la Nación, sostiene que la facultad de anular una licitación por causas justificadas es un pilar de las contrataciones públicas, especialmente antes de la adjudicación.

¿Quién Paga los Platos Rotos?

Este episodio subraya la urgente necesidad de transparencia y rigor en los procesos de compras estatales, especialmente en áreas tan sensibles como la defensa. La omisión de requisitos técnicos y garantías en un proceso de tal magnitud no solo genera demoras y costos administrativos, sino que también abre la puerta a sospechas y conflictos legales. Para el ciudadano, esto significa que el dinero de sus impuestos está en juego, y la eficiencia en la gestión es fundamental. Se espera que la nueva licitación, ya en marcha, subsane estos "errores" y garantice la mejor oferta para el Estado.

Para estar informado: Este caso es un ejemplo de cómo los detalles administrativos pueden escalar a conflictos de alto impacto. Seguir los expedientes de compras públicas es clave para la fiscalización ciudadana.